Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 2:08 h.
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Unesa lucha desesperadamente contra una norma que no puede recurrir
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Carmen Monforte / Federico Castaño - Madrid - 14/12/2007
El sector eléctrico está desplegando toda su artillería contra el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó hace una semana y, por el cual, se minorarán los ingresos extras que obtengan las eléctricas por trasladar a los precios del mercado el valor de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente. La medida que coincidirá con el periodo de vigencia del segundo Plan Nacional de Asignación (PNA), de 2008 a 2012, supondrá la resta a las compañías de 1.446 millones de ingresos sólo el próximo año, según sus propios cálculos y los de Industria (ver gráfico).
La estrategia, individual, pero, sobre todo, a través de Unesa, se ha planteado por doble vía: la política y la judicial. De momento, y en tan sólo una semana, la primera ya ha dado resultados: el grupo popular y CiU han confirmado a CincoDías que votarán contra la convalidación del real decreto ley que está prevista para el 20 de diciembre, tras ser calificada por la Mesa del Congreso el martes pasado. Por su parte, fuentes del PNV aseguran que 'se lo están pensando'.
Si estos tres partidos sumaran sus votos, la norma podría decaer. El real decreto ley sobre el CO2, una de las normas que con más discreción ha elaborado Industria, 'tiene carácter básico', condición que se aplica a leyes que se aprueban para emergencias o por catástrofes. De esta manera, el real decreto ley pudo entrar en vigor al día siguiente de su aprobación, el 8 de diciembre, fecha en que fue publicada en el BOE.
No habrá recurso
La patronal del sector intenta desesperadamente utilizar también la vía judicial, pero, pese a las declaraciones que realizó hace dos días en Londres Fulvio Conti, consejero delegado de Enel, principal accionista de Endesa, le va a resultar imposible. Y es que la norma sobre el CO2 tiene rango de ley 'y las leyes en España no se pueden recurrir; sólo los elementos de aplicación de las mismas', indican fuentes próximas a Unesa.
Esto significa que las empresas deberían esperar a que se apruebe la orden ministerial (una al final de cada año del periodo) que desarrollará el real decreto ley y donde se establecerán las cantidades a detraer y el reparto por compañías.
Precisamente, algunas de ellas (como es el caso de Gas Natural) han presentado los correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional (a la que ha solicitado medidas cautelarísimas y cautelares) y Bruselas contra la orden que, en este sentido, acaba de aprobar el Gobierno, en la que resta 1.200 millones a las empresas del periodo del primer PNA (2006-2007).
Pese a todo, los servicios jurídicos de Unesa buscan otras alternativas judiciales. Contra el real decreto ley sólo cabría un recurso de inconstitucionalidad, pero éste debe presentarlo un grupo parlamentario o un juez. También se estudian varias opciones para poder poner una denuncia ante la CE. La empresa más activa contra la norma es Endesa.
Subida de tarifas
Aquí en España, el acercamiento a los partidos políticos ya ha dado sus frutos. Si la convalidación, que está prevista para el mismo día en que el Congreso votará los Presupuestos estatales de 2008, no prospera, el Gobierno tendría las manos libres para proceder a fuertes subidas de la tarifa eléctrica (los consumidores pagarán, así el derecho de emisión gratuito) y acusar de ello al PP, CiU y, en su caso, al PNV.
Y es que el polémico real decreto sobre el CO2 es una de las consecuencias del empeño del Gobierno en congelar la tarifa de la luz (o limitar su subida a la del IPC) por razones electoralistas, según fuentes próximas al Ejecutivo.
Para las eléctricas uno de los puntos débiles del real decreto sobre el CO2 es que minora los ingresos 'de más' no sólo de la energía vendida en el pool, sino con los contratos bilaterales entre empresas. La razón es que, según Industria, nadie vende por debajo del mercado, que es el que marca el precio.
A la pregunta de cuál es el problema si no se traslada al mercado los derechos de emisión que son gratuitos (una media anual de 53,63 millones de toneladas de CO2 hasta 2012), las compañías aseguran que, al ser un activo que no sólo utilizan para poder producir, sino también para venderlo en el mercado de emisiones, se produce un lucro cesante.
La sombra del real decreto sobre el CO2 planea sobre otros ámbitos y podría desencadenar algún amotinamiento de las empresas. Esto es en cierto modo lo que ocurrió con la subasta de energía primaria que se celebró el martes y cuya anulación han pedido Endesa e Iberdrola a la CNE y al administrador de la subasta (Deloitte).
Se trata de la tercera subasta que se celebraba desde que las dos grandes eléctricas tienen la obligación legal de ceder al mercado una parte de su energía para facilitar la competencia. Ya antes de la subasta, las dos participantes pidieron un aplazamiento de la subasta ante 'la modificación, sólo un día antes, del marco regulatorio', aseguran fuentes de las empresas en relación al real decreto sobre el CO2. Por esta razón, la subasta se realizó 'sin condiciones de seguridad jurídica, transparencia y competitividad'. Lo cierto es que el precio tan bajo de la subasta (un 20% menor al de la cotización de los mercados del día anterior) ha provocado pérdidas a ambas compañías.
Alguno de los comercializadores que acudieron a la subasta consideran 'descarada' la actitud de Iberdrola y Endesa, pues 'si hay algo que no se puede recurrir, es una subasta'.
5,18 millones de MWh se adjudicaron en la subasta del martes, a la que acudieron pocos agente por la 'incertidumbre regulatoria', según las participantes.
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