Ordóñez decide penalizar los inmuebles adjudicados de la banca
El Banco de España ha decidido al final penalizar las provisiones de los activos inmobiliarios adjudicados que bancos y cajas tienen en sus carteras por impagos, y que ascienden a 59.700 millones de euros. Elevará estas provisiones del 20% al 30% del valor de estos inmuebles cuando lleven más de dos años en sus balances. Este cambio normativo incrementará un 2% las coberturas y reducirá un 10% el resultado en España del conjunto del sistema financiero.
No será probablemente hasta el tercer o cuarto trimestre cuando la nueva modificación de la circular 4/2004 entre en vigor, pero la decisión ya está tomada. La institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez publicó ayer los nuevos cálculos de provisiones por morosidad, que han sido sometidos a consulta pública. La principal novedad es que eleva la provisión del 20% actual al 30% del valor de los inmuebles que tienen que hacer los bancos y cajas por las propiedades con las que se quedan como pago de deudas de sus clientes, siempre que haya transcurrido más de 24 meses desde que los adquirieron, como adelantó CincoDías el pasado 19 de mayo.
El supervisor justifica esta medida al afirmar que la antigüedad en balance de los activos recibidos por impagos es "un inequívoco indicio de deterioro", por lo que "su reconocimiento no debe retrasarse". Ordóñez pretende con esta medida que bancos y cajas se desprendan rápido de su cartera vinculada al ladrillo.
La modificación también incluye la unificación de los diferentes calendarios de provisiones existentes actualmente para cualquier crédito moroso. Pasa de cinco calendarios con seis años de plazo para cubrir el 100% del valor de un préstamo moroso -en función de su riesgo y garantías-, a uno sólo con dos años para provisionarlo en su totalidad. De esta forma, se recorta sustancialmente el periodo para cubrir un préstamo moroso. A cambio se recoge una reivindicación del sector, que se tenga en cuenta el valor de las garantías aportadas, ya que hasta ahora se obligaba a cubrir el 100% del crédito a pesar de la existencia de garantías.
Así, si el tipo de garantía inmobiliaria es una vivienda terminada, residencia habitual del prestatario, el recorte es del 20%, mientras que para fincas rústicas, oficinas, locales y naves polivalentes terminadas es del 30%. En el caso de viviendas terminadas (no primera vivienda), el recorte es del 40%, y en el de parcelas, solares y resto de activos inmobiliarios, del 50%. El Banco de España ha realizado tests entre las entidades para conocer el impacto de esta medida. Y, según reconoce, los resultados "son muy heterogéneos", pero el impacto en conjunto será de un incremento del 2% de las coberturas y de un descenso del 10% en los resultados en España.
l La nueva norma penalizará a las entidades con mayor cartera de inmuebles adjudicados. Las cajas en su conjunto son las que más activos vinculados al ladrillo tienen.
l Para las entidades más conservadoras, con carteras de créditos concedidos por el 80% del valor de tasación de primera vivienda con garantías, la medida es favorecedora.