Nueva ley del juego para regular un sector que mueve 315 millones

Las apuestas por internet son un negocio que crece año tras año, sin embargo, el sistema normativo español se encuentra un poco rezagado al respecto. Hasta la pasada semana no existía ninguna ley que pusiera fin a este vacío legal, pero el pasado 12 de abril la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, la nueva ley del juego, cuya gestación se remonta a 2007. El texto, que incluye un centenar de enmiendas, pasará a manos del Senado donde proseguirá su debate.

La nueva legislación, apoyada por todos los grupos parlamentarios a pesar de la abstención del PP en la votación final, supondrá la mayor reorganización del sector desde 1977, año en que fue despenalizado.

Hasta el momento solo las actividades de juego presencial como los bingos y los casinos se encuentran reguladas. Pero las numerosas posibilidades abiertas por internet permanecenn en el limbo. No existe ninguna ley estatal que sirva de marco para las apuestas y el juego online. En su lugar, son las comunidades autónomas las encargadas de poner orden al estar transferidas las competencias en materia de juegos.

La nueva normativa, cuyos reglamentos están todavía por definir, intentará establecer mecanismos de regulación para un sector que agrupa a 100.000 trabajadores y garantizar, así, la seguridad jurídica tanto de las empresas como de los consumidores. La protección a los menores de edad y a los ludópatas es uno de los temas a los que se presta una atención especial.

Los beneficios generados por las apuestas online ascendieron a 315 millones de euros en 2010, un 19% más si se compara con los resultados del año anterior, según datos distribuidos por Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi). Sin embargo, pese a este incremento acelerado, la legislación española se encuentra un par de pasos por detrás. Un dato que evidencia este retraso es el hecho de que la Aedapi viene reclamando desde 2006 una legislación que acabe con la situación de alegalidad en la que se encontraban muchas casas de apuesta.

Los únicos operadores encargados de ofrecer juegos son Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE. Sin embargo, este escenario no se parece mucho a la situación que se vive en la actualidad, caracterizada por la aparición de numerosas empresas procedentes de otros países europeos que operan en España mediante páginas web o casas de apuestas autorizadas por las comunidades autónomas. Los beneficios de estas compañías no están sometidos a ningún control fiscal y el Estado quiere poner fin a esto.

De acuerdo a lo incluido en la nueva norma se gravarán los ingresos netos. El tipo impositivo será del 25%, algo que Sacha Michaud, presidente de Aedapi considera excesivo y más si se compara con el existente en otros países como Reino Unido (15%). Michaud cree que en un mercado de libre competencia, las empresas de menor tamaño no podrán ser rentables a largo plazo.

Aumento de la competencia

La competencia se agudizará si se tiene en cuenta que las licencias se otorgarán a todas aquellas empresas que reúnan las condiciones exigidas por la ley. Este apartado ha sido modificado ya que, al principio, se contemplaba que solo cinco compañías obtendrían la autorización para ofrecer servicios de juego online. Se cumpliría así una de las peticiones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para evitar posibles artimañas que pudieran beneficiar a unos sobre otros.

Uno de los puntos más controvertidos es el que hace mención a la entrada en vigor de la norma y la aplicación de sanciones para todas aquellas compañías que no se localicen en España. Ante este panorama, una de las enmiendas propuestas por PP y CiU es la referida al establecimiento de un periodo de transición para que las empresas que actúan en nuestro país puedan regularizar su situación y de esta forma llevar a cabo acciones de patrocinio y publicidad en los medios de comunicación.

Los operadores españoles de juego de azar se quejan de que ellos no pueden realizar publicidad ni patrocinar espacios en los medios de comunicación, pues la exclusividad corría a cargo de LAE y la ONCE, mientras que los competidores extranjeros que no tengan presencia en España si están autorizados. El mejor ejemplo lo hallamos en las camisetas de los equipos de fútbol.

A estos problemas se les pretende dar salida con la nueva legislación. Los medios de comunicación podrán incluir publicidad de todos aquellos operadores que ostente la autorización correspondiente.

Puntos a definir

Sacha Machaud considera positiva la nueva ley, pero cree que todavía queda mucho por hacer. Una de las cuestiones claves para Aedapi es la parte tecnológica, es decir, la localización de la empresa. Existen operadores con sede en España, sin embargo, lo normal es que se encuentren fuera de nuestras fronteras, principalmente en paraísos fiscales. El actual proyecto autoriza a que la Unidad Central de Juegos se ubique en el extranjero.

El principal inconveniente radica en las inspecciones se realizarán sobre las unidades secundarias, éstas sí con presencia en España. Este escenario hace que las tareas de control sean menos exhaustivas y la manipulación o el blanqueo de dinero parecen más sencillos.

Asimismo, Aedapi exige que todos los productos y juegos que se pueden encontrar en la red cuenten con legalidad y que los jugadores españoles puedan competir con los de otros países.

Novedades significativas

Los clubes de fútbol podrán percibir dinero por las apuestas realizadas a través de la red. Esta una de las grandes aportaciones de la nueva norma. No obstante todavía queda por ver cuál será el porcentaje y quiénes serán los beneficiados de esta medida. El Gobierno, a través de un Real Decreto, fijará en un plazo de seis meses la cantidad.

Otras novedades son la creación del Consejo de Políticas del Juego, en el que las comunidades autónomas contarán con representación, y la Comisión Nacional del Juego, que se encargará de autorizar, supervisar, controlar la actividad y sancionar a todos operadores que actúen al margen de la ley.