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Los fabricantes piden que no se judicialicen los convenios colectivos
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Jordi Sacristán - Barcelona - 30/04/2003
La incorporación de 10 nuevos países a la UE ha abierto un fuerte debate en el sector de la automoción. Los fabricantes de automóviles consideran esencial que las plantas de producción españolas ganen la flexibilidad suficiente para hacer frente a los menores costes laborales que tienen los antiguos países del Este.
Para lograr esa flexibilidad, la planta de Nissan Motor Ibérica pactó con el comité de empresa la creación de una doble escala salarial en el convenio. Este convenio fue impugnado por CC OO ante la justicia y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló en contra de la doble escala salarial.
'Nosotros acordamos acumular todos los pluses de los antiguos trabajadores en una gratificación personal y, a partir de ese momento, creamos una única tabla salarial y un único régimen económico para toda la plantilla', explicó el director de recursos humanos de Nissan Motor Ibérica, Mateo Borrás. Tras la sentencia del TSJC, 'ahora resulta que los jueces han entrado a gestionar la compañía', añadió. En su opinión, 'es necesario que cada profesional haga su trabajo'.
'Suplantan voluntades'
De opinión similar es el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Jesús Ruiz Beato, quien considera que 'no se puede suplantar las voluntades de las dos partes -dirección y sindicatos- por un pronunciamiento judicial'. Para el presidente de la patronal, un juez 'puede decir que un convenio va contra los principios de igualdad y debe sentar las bases jurídicas del futuro', pero 'se debe evitar la judicialización de las relaciones laborales'.
El director de relaciones industriales de Opel en España, Carlos Iglesias, se mostró de acuerdo con la opinión del presidente de Anfac, y argumentó que es necesaria 'una desregulación legal para dotar de mayor autonomía al convenio de empresa, evitando de esa forma los obstáculos de derecho que existen'. En su opinión, 'el marco legal actual es demasiado rígido y limita el derecho de las partes a negociar'.
Actualmente, la dirección de Nissan ha recurrido el fallo del TSJC y ha paralizado la contratación de nuevos empleados 'a la espera de ver como se resuelve nuestra reclamación', indicó Borrás, 'aunque es cierto que, por el momento, no nos hace falta realizar nuevas incorporaciones'.
Nissan ha contratado a unas 150 personas siguiendo el mecanismo de doble escala salarial que el TSJC consideró ilegal. El objetivo de contrataciones pactado en el convenio colectivo ascendía hasta un máximo de 900 trabajadores, en función de las necesidades productivas de la planta. A principios de esta semana, Nissan Motor Ibérica suprimió uno de los turnos de fabricación del monovolumen Almera Tino debido a la caída de la demanda. Los trabajadores fueron trasladados a la cadena de montaje de una furgoneta que se comercializa bajo las marcas Nissan, Opel y Renault. 'Hemos ampliado la producción a dos turnos y ahora fabricamos 200 unidades diarias', explicó Borrás.
Por su parte, el director de relaciones industriales de Opel en España explicó que su compañía ha puesto en marcha en la fábrica de Figueruelas (Zaragoza) un plan de externalización de actividades relacionadas con 'soldadura, pintura, expedición de productos y logística que afectará a 650 empleados hasta el año 2006'. Y señaló: 'Nuestro compromiso es que esos empleos no se supriman y se recoloquen en actividades estratégicas que generen más valor para Opel España'.
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