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El nuevo texto legal ha sido bautizado como 'Ley Nokia' debido a la presión que durante más de dos años ejerció el fabricante finlandés de teléfonos móviles para que se modificase la ley y se le permitiera supervisar los correos de sus empleados, después de sufrir varios presuntos casos de espionaje industrial.

En la votación celebrada hoy, la 'Ley Nokia' recibió 96 votos a favor, principalmente de diputados de la coalición gubernamental de centro-derecha liderada por Matti Vanhanen, y 56 votos en contra.

Hasta ahora, la legislación finlandesa garantizaba el secreto de las comunicaciones, y en caso de actividades sospechosas, sólo la Policía podía investigar el correo electrónico de los trabajadores mediante la correspondiente orden judicial.

Sin embargo, cuando la nueva ley entre en vigor las empresas podrán controlar datos del correo electrónico de sus empleados, como el destinatario y el remitente, el formato y tamaño de los archivos adjuntados, o la fecha y hora de los mensajes, aunque no podrán acceder al contenido de los mismos.

Además de las empresas, la nueva legislación permite el control de las comunicaciones electrónicas a los Ministerios, las bibliotecas, los centros educativos e incluso a las comunidades de vecinos que compartan un mismo servidor de internet.

Políticos de la oposición, expertos en Derecho y organizaciones civiles han criticado duramente la 'Ley Nokia', ya que consideran que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De hecho, los detractores de la ley consideran que el Gobierno ha supeditado las libertades individuales a los intereses de Nokia, el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles y auténtico motor de la economía finlandesa. Una quinta parte de los ingresos estatales en concepto de impuesto de sociedades provienen de Nokia.

La llamada 'Ley Nokia' tiene su origen en 2005, cuando el gigante finlandés pidió a la Policía que investigara la posible filtración de secretos empresariales a la compañía china Huawei por parte de alguno de sus empleados.

Previamente, los servicios de seguridad de Nokia supervisaron sin permiso los correos electrónicos de los trabajadores en busca de indicios sobre el origen de la presunta filtración a la compañía china, aunque sin éxito.

Criticada por violar la privacidad de las comunicaciones de sus trabajadores, la compañía finlandesa empezó a presionar al Gobierno del primer ministro Matti Vanhanen para que modificase la ley, en un intento por evitar nuevas filtraciones.

Otras empresas finlandesas se unieron a la petición de Nokia, formando un poderoso grupo de presión que finalmente consiguió que el Gobierno accediese a enmendar la legislación, pese a las fuertes críticas de los partidos de la oposición y de organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Consciente del peso del gigante finlandés en la economía del país, el Ejecutivo se puso a trabajar en la redacción de un borrador para reformar una ley, la de Protección de las Comunicaciones Electrónicas, que había sido aprobada sólo dos años antes.

Una vez listo el borrador, un comité parlamentario pidió a varios expertos que valorasen si el texto vulneraba los derechos fundamentales. A pesar de que todos coincidieron en que la nueva ley podía ser anticonstitucional, el comité parlamentario envió el borrador al Eduskunta para su tramitación.

El debate se volvió aún más polémico cuando el diario Helsingin Sanomat, citando fuentes anónimas, publicó que Nokia había amenazado con trasladar su sede a otro país si la ley no era aprobada.

"El mensaje que nos llegó a través de la Confederación Nacional de Industria (EK) era muy claro: si no se aprueba la ley, Nokia se irá de Finlandia", declaró al citado diario un funcionario anónimo que participó en la preparación del borrador.

Sin embargo, varios responsables de la compañía, incluido su presidente, Olli-Pekka Kallasvuo, negaron rotundamente estas acusaciones y denunciaron el daño que estos rumores han causado a la imagen de Nokia en Finlandia.