Luces y sombras de la recién nacida TUR

Las secuelas de la aplicación de la nueva tarifa de último recurso (TUR) han comenzado a aflorar. Dos consultas planteadas ante la Comisión Nacional de la Energía por Repsol y la Junta de Extremadura son el ejemplo de las dos vías de conflicto que se avecinan. En el caso de Repsol, ésta denunciaba la negativa de la comercializadora de último recurso (CUR) de Endesa de hacerse cargo de los 647 clientes de la distribuidora que la petrolera tiene en Puertollano y cuya existencia pocos conocían. El regulador ha dejado las cosas claras: las cinco CUR que existen, propiedad de las cinco grandes eléctricas, no sólo tienen el privilegio de suministrar a tarifa (otras 300 pequeñas distribuidoras se han quedado sin él), sino la obligación de un suministro, que la CNE entiende como un servicio universal, al que tienen derecho los consumidores con una potencia inferior a 10 kW. Dado que la de Repsol es una de esas 300 compañías que no pueden vender electricidad desde el día 1 de julio, Endesa (distribuidora aguas arriba de la zona) está obligada a asumir su cartera de clientes. Endesa no sólo se negó, alegando razones técnicas, sino que sugirió a Repsol el paso de estos clientes a la comercializadora que la eléctrica tiene en el mercado libre, esto es, sin precio regulado.

La CNE ha decidido abrir una investigación por si esa resistencia de Endesa pudiera ser una práctica generalizada. En descargo de la eléctrica, hay quien alude a la gran carga de trabajo que el nuevo sistema de suministro está imponiendo a las empresas. Así, las distribuidoras deben traspasar los contratos históricos que tienen con sus casi 25 millones de clientes con tarifa a las CUR e su grupo, amén del lío que se avecina con la aplicación del bono social.

En el caso del Gobierno extremeño, su consulta hace referencia a una medida que puede devenir en conflicto judicial por haberse cerrado en falso. Se trata de la situación en la que quedan las pequeñas distribuidoras (en Extremadura hay 24) a las que no se ha permitido crear una CUR pero que un parche de la norma les permite traspasar a sus clientes a comercializadoras libres creadas ad hoc, como es el caso de la asociación Cide y de HC Energía. Las comunidades autónomas, especialmente Cataluña, habían presionado a Industria para lograr una solución para estas pequeñas empresas, algunas centenarias. El pastiche legal ha dado su frutos, pero ahora son las propias comunidades, como la de Extremadura, las que se preguntan en qué situación quedan los clientes de las pequeñas, que al pasar a una comercializadora libre son discriminados al no tener derecho a gozar de un bono social, hoy por hoy, diminuto. La CNE ha dejado claro, en cualquier caso, que estos clientes no necesitan, como el resto, esperar un año para pasar a una CUR si así lo desean. Las grandes eléctricas, en un alarde de sospechosa generosidad, han pedido al ministerio que se permita a estas empresas aplicar dicho bono. ¿Será para evitar que les traspasen, como el caso de la distribuidora de Repsol, clientes a tarifa nada rentables?, se preguntan. Y es que lo lógico era haber pedido para ellas la condición de CUR, algo a lo que el Gobierno se negó (¿a petición de las grandes?) alegando que con el nuevo sistema podrían suspender pagos.

El resultado es un híbrido, fruto de las presiones que, como otras muchas decisiones del ministerio, no contenta a nadie: ni a las pequeñas ni a las grandes ni a los consumidores ni a la CNE ni los Gobiernos regionales.