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Fue una de las polémicas más importantes en el sector de telecomunicaciones. Durante 2006 y 2007, varias operadoras se culparon las unas a las otras de robarse usuarios de ADSL por medios fraudulentos, hasta el punto de que el Ministerio de Industria tuvo que intervenir y en abril del año pasado aprobó una orden ministerial para atajar el problema. Hacia Jazztel se dirigieron muchas de las acusaciones, en una práctica que, según las denuncias, consistía en coger un cliente de otra compañía y darle de alta en ADSL llevándose su número sin su conocimiento ni, por lo tanto, consentimiento.

Telefónica y Yacom -hoy integrada en France Télécom, que opera con la marca Orange- fueron las más beligerantes y llevaron a Jazztel ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). ¿Sus pruebas? 86 denuncias -48 por parte de Telefónica y 38 por el lado de Orange- de usuarios que presuntamente aseguraban haberse levantado un día sin servicio porque habían sido captados por Jazztel, que estaba haciendo los trámites para darles de alta sin que ellos lo hubieran pedido. A las operadoras se sumaron otras cinco denuncias de consumidores que acudieron a la CMT en solitario.

El regulador se ha tomado su tiempo para investigar las acusaciones. Han sido 27 meses desde la demanda de Telefónica, a la que incluso le ha dado tiempo de desistir tras firmar la paz en 2007 con Jazztel; dos años justos desde la de Orange, y más aún desde la de algunos particulares. La resolución ha llegado en julio y Jazztel es la ganadora. La CMT archiva el caso y considera que no hay base para abrir un proceso sancionador, según recoge el texto de la decisión.

Pese al número de denuncias de clientes que acumula el expediente, la comisión descarta que Jazztel incumpliera la regulación en el punto concreto en la que obliga a que los usuarios de cada operadora sean captados en buena lid. De hecho, se repasa uno por uno cada caso e investiga qué ha pasado con ese cliente en concreto.

Una de las conclusiones de las pesquisas es que algunas de las denuncias tenían poca base para justificar las quejas. 'En cuanto a la documentación aportada por France Télécom se debe destacar, en primer lugar, que las denuncias son simples copias de correos electrónicos y, en segundo lugar, que algunas de ellas resultan confusas porque hacen referencia a problemas de activación en el servicio ADSL mientras que en otras se reconoce por parte del abonado el consentimiento prestado para la prestación del servicio por Jazztel', dice la resolución.

Entre las demandas de Telefónica también hay algunas que la CMT rechaza casi antes de indagar en ellas; Jazztel cuenta con grabaciones o documentos que acreditan que esos clientes dieron su consentimiento.

Para otras reclamaciones de Telefónica, la comisión también usa el término 'confusas', sobre todo porque hay denuncias que no se corresponden con los servicios que pueden ser objetivo de robo de cliente o de número de teléfono.

En cualquier caso, en las demandas de Telefónica y France Télécom hay abonados para los que Jazztel no puede documentar su captación. No son la totalidad, ni siquiera la mitad de ellos, pero los hay, según la resolución de la CMT. El regulador, sin embargo, no cuestiona en este caso el proceder de Jazztel, sino el de las denunciantes, por no proteger a sus clientes.

Y ello porque ninguna 'ha acreditado' el ejercicio de un derecho que tienen en la regulación sectorial y que les permite 'exigir copias originales de hasta un porcentaje del 5 % de las solicitudes de portabilidad que recibieran, en el caso de que existieran dudas justificadas sobre la acreditación del consentimiento del cliente o se produzcan reclamaciones por parte del cliente'. La CMT viene a decir que existían fórmulas para evitar los problemas que no se utilizaron cuando era el momento. A ello se une el último argumento de la CMT: ni Telefónica ni France Télécom han acreditado fehacientemente sus denuncias.