Nozar era ya insolvente a comienzos de 2008, casi dos años antes de solicitar el concurso

Nozar adeuda 200 millones de euros a la Agencia Tributaria, que figura así como uno de los principales acreedores de la inmobiliaria, en situación de concurso con un pasivo total de 1.563 millones de euros, según el informe que la administración concursal ha elaborado sobre la empresa de la familia Nozaleda.

No obstante, el grueso de la deuda está contraída con una treintena de entidades financieras, a las que debe un total de 994,49 millones de euros, el 63% del pasivo total.

Por contra, el pasivo de Nozar con clientes particulares que compraron una vivienda se sitúa en unos 23 millones de euros, según el informe concursal presentado por el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro.

Según este documento, la compañía, que protagonizó uno de los principales concursos de acreedores, presenta un déficit patrimonial de 620 millones de euros. Cuenta con activos por valor de 943 millones de euros para atender sus 1.563 millones de euros de deuda.

Este importe de deuda calculada por la administración concursal de Nozar duplica a la de 700 millones de euros declarada por la empresa cuando solicitó el concurso voluntario en septiembre de 2009.

Ello es consecuencia de que, según la administración concursal, Nozar entró en situación de insolvencia en enero de 2008, casi dos años antes de que la empresa lo reconociera y se acogiera a la antigua suspensión de pagos, y once meses antes a la fecha de noviembre de 2008 en la que, en una reciente sentencia, el juez estableció la declaración de concurso, que además convirtió en necesario.

La administración concursal de Nozar indica en su informe que "hoy la situación patrimonial de la inmobiliaria sería mucho mejor si sus gestores hubieran solicitado concurso voluntario en la fecha correspondiente (en el primer trimestre de 2008)".

Posible concurso culpable

Ahora, esta demora en el reconocimiento y presentación de la solicitud de concurso es una de las causas que pueden llevar a un juez a declararlo culpable. En ese caso, los Nozaleda, la familia propietaria de la empresa, podrían tener que responder ante los acreedores con su patrimonio personal.

En la situación actual, la administración concursal de la empresa condiciona su viabilidad a una "reducción al máximo" de la fase común del concurso (que culmina cuando se acaban de tramitar los recursos que se presenten al informe concursal). En el caso de Nozar, fuentes jurídicas apuntan al verano de 2011.

Asimismo, vinculan la viabilidad al "interés de los acreedores en alcanzar rápidamente un acuerdo" sobre un convenio sobre las condiciones y el calendario del pago de deudas.

En este sentido, consideran que la consecución de un eventual acuerdo sobre el pago de deuda, incluirá "quitas muy significativas" (cerca del límite legal de 50%) y un plazo de pago también superior al máximo de cinco años establecido por ley.

Todo ello, dada la "particular" coyuntura que actualmente presenta el sector inmobiliario, y el activo con que cuenta Nozar, integrado fundamentalmente por terrenos y viviendas de segunda residencia.

No obstante, dada la pretérita situación de insolvencia del grupo, sus administradores concursales han presentado junto a su informe medio centenar de demandas para anular otras tantas operaciones realizadas por la empresa desde dicha la fecha.

Entre ellas, destacan dos contratos valorados en un total de 268 millones de euros que Nozar tenía con Colonial y Reyal Urbis, respectivamente, y que se anularon. Piden que estas resoluciones de contratos, y las correspondiente indemnizaciones pagadas por Nozar, se revisen desde la perspectiva de insolvencia de la empresa. De esta forma, la inmobiliaria de los Nozaleda podría recuperar parte de los 130 millones de euros que pagó a las empresas por indemnizaciones.

Además, los administradores concursales de Nozar han presentado dos demandas contra Reyal Urbis y Colonial para anular dos operaciones efectuadas en 2008 que consideran perjudiciales para la inmobiliaria y con las que pretenden recuperar hasta 150 millones de euros.