Inversores internacionales demandan al Gobierno por recortar las primas a la fotovoltaica
Un grupo de inversores internacionales han presentado una demanda contra Gobierno español ante un tribunal de arbitraje de Londres por el daño provocado por los cambios retroactivos introducidos en la legislación de remuneración a los productores de energía fotovoltaica, según informaron los demandantes en un comunicado.
Los inversores, representados por el despacho internacional Allen & Overy, han realizado inversiones por valor de 4.000 millones de dólares (2.875 millones de euros) en proyectos fotovoltaicos en España.
Los demandantes piden una indemnización indeterminada al Gobierno español que corresponda con el daño causado por sus acciones sobre las inversiones realizadas el sector fotovoltaico.
El Gobierno aprobó a finales del año pasado una reducción en casi 5.000 millones del coste del sistema eléctrico en 3 años. De los 4.600 millones de ahorro, casi la mitad, 2.220 millones, corresponden al recorte en la fotovoltaica, a razón de 740 millones al año.
Entre ellos, se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos de inversión especializados en energía, infraestructuras y tecnologías limpias, que actualmente gestionan más de 30.000 millones de dólares (21.569 millones de euros) de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados.
Esta demanda se produce a raíz de la votación del próximo jueves por la que el Congreso de los Diputados aprobará la Ley Orgánica de Economía Sostenible, que incluye una enmienda impulsada por el PNV que pretende suprimir los cambios retroactivos impuestos al sector fotovoltaico por el Real Decreto Ley 14/2010, aprobado las pasadas navidades. No obstante, fuentes parlamentarias consultadas, ven complicada que dicha enmienda pueda prosperar.
La demanda de los inversores se ampara en el 'Energy Charter Treaty', un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético, que engloba a 51 países, entre los que se encuentran todos los países miembros de la Unión Europea (UE).
"Las acciones protagonizadas por el Gobierno de España han minado la confianza de los inversores extranjeros en España, con el consiguiente efecto negativo que puede provocar en el resto de los países de la UE", explican los demandantes.
Los inversores internacionales presentes en la demanda son: AES Solar, Element Power, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, Lux Energy/GWM, NIBC Infrastructure, Platina Partners, Riverstone LLC, Scan Energy, Triodos Bank/Ampere Equity Fund y White Owl Capital.