Industria quiere invertir en renovables el fondo de residuos nucleares

Al igual que el fondo de la Seguridad Social, que se podrá invertir en un futuro en renta variable, el Gobierno quiere capitalizar otro fondo cuyo grueso no se utilizará hasta dentro de 20 años, y que acumula ya 2.000 millones de euros. Se trata del destinado al tratamiento de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares que gestiona Enresa y que financian desde 2005 las empresas eléctricas (con anterioridad lo pagaban los consumidores a través de la tarifa).

En estos momentos, los criterios de inversión de ese fondo son altamente conservadores y el dinero se coloca casi únicamente en renta fija o cuentas remuneradas, de las que se obtiene una rentabilidad de algo más de un 4%. De los citados 2.000 millones de euros, un 35% procede de la gestión financiera que ha venido realizando Enresa desde su creación como empresa pública en 1984.

Sin embargo, a la vista de la decisión sobre el fondo de la Seguridad Social y de algunas recomendaciones de la Dirección General del Tesoro, el Comité de Gestión de Residuos de Enresa, que preside el Secretario General de la Energía, Ignasi Nieto, ha decidido indagar otros caminos para capitalizar la cantidad reservada a los residuos, siempre ¢dentro de los criterios de rentabilidad, legalidad y suficiencia que impone la ley¢, según fuentes próximas a la compañía.

Sin cambiar la ley

Entre las inversiones que se plantean están los nuevos proyectos de energías renovables, cuya retribución está asegurada con tasas de retorno de la inversión del 7% y, que en muchos casos, llega al 9%. Frente a la renta fija esta inversión (por las que pelean duramente en el mercado los promotores privados) provocaría una pérdida temporal de liquidez.

En cualquier caso, el porcentaje a destinar a este tipo de proyectos está aún por concretar y no requeriría, según fuentes jurídicas, la modificación de la ley eléctrica, que establece que el fondo es finalista, esto es, que el dinero sólo se puede destinar a la financiación de las actividades de los planes de residuos radiactivos que el Gobierno aprueba periódicamente. Por tanto, la decisión de ampliar las vías de capitalización no supone alterar ese objetivo, según las mismas fuentes. El último plan establece que el coste de la gestión de residuos en ese periodo se eleva a 13.000 millones, en el escenario 1985-2070, de los cuales, se ha incurrido ya en un 25% del coste (unos 3.000 millones).

En abril de 2005, en línea con la normativa europea, Industria obligó a las eléctricas a internalizar la cantidad anual destinada al fondo de gestión de residuos, que ahora pagan a Enresa a través de una tasa y en proporción a las ventas de energía de cada una. Esta cantidad varía según los años, pero en los últimos ejercicios ha superado los 100 millones de euros.

Sin embargo, en aquella ocasión, se decidió mantener como un encargo de la tarifa eléctrica otras partidas que también paga Enresa, como son las compensaciones que reciben los ayuntamientos con centrales nucleares en su término municipal (entre 18 y 20 millones de euros al año).

Ahora, aprovechando la tramitación parlamentaria de la nueva Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, Industria ha modificado la ley eléctrica y obliga a las compañías del sector a asumir también el pago a los ayuntamientos con instalaciones nucleares, así como el impuesto que la Junta de Andalucía cobra a Enresa por el almacén de residuos de El Cabril (Córdoba).