Industria pone coto al 'robo' fraudulento de clientes de telecomunicaciones
A la espera de que el regulador de las telecomunicaciones, la CMT, decida si cambia o no la normativa, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y va a concretar en una orden ministerial de próxima aprobación los derechos de los usuarios ante el temido slamming, el robo de clientes entre operadoras sin el conocimiento del consumidor ni, por supuesto, su consentimiento.
Telefónica ha pedido a la CMT que cambie la regulación sectorial para que ella pueda comprobar la veracidad de las peticiones de cambio de operador, algo que ahora no está a su alcance.
El Ministerio de Industria, mientras tanto, quiere poner coto a esta práctica irregular con el refuerzo de los derechos de los usuarios y su protección frente a las telefónicas. El objetivo es que se reduzca el slamming, disparado en los últimos meses por el auge del ADSL.
Y es que el robo de clientes existe desde hace años, pero centrado en la telefonía. En ese caso, el usuario mantenía el servicio, aunque comenzaba a ser facturado por otra empresa. Con el ADSL el problema es que el consumidor sí se queda sin internet y durante un buen periodo de tiempo.
Por ello, Industria cambiará la regulación para que sea la telefónica, y no el usuario, la que tenga que demostrar que el usuario ha contratado sus servicios. Además, la infractora tendrá que asumir los gastos que le suponga al cliente la vuelta al estado anterior, es decir, los de la baja con él y el alta con la operadora que le prestaba servicio antes de la captación irregular. Por supuesto, se anularán las facturas emitidas en el periodo.
Sea o no un cambio irregular, será el nuevo operador el que cargue con la responsabilidad en caso de que el consumidor se quede sin servicio durante la mudanza, 'sin que pueda alegar dificultades técnicas', añade Industria.
El ministerio también regulará la atención al cliente y la información que deben facilitar los operadores. Entre otros cambios, las telefónicas deberán dar al usuario una justificación documental de las reclamaciones que realicen para que éstos puedan demostrar, si es necesario, los pasos que han dado.