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Es tan habitual que el Ministerio de Industria desoiga las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía en materia de tarifas, que las diferencias entre las propuestas del regulador y las subidas que se aplican ya no son noticia. Sin embargo, en la propuesta de orden ministerial sobre las tarifas del gas, que entrarán en vigor el 12 de octubre, hay una importante novedad: en contra de lo que ocurre sistemáticamente con las tarifas eléctricas, el ministerio ha decidido subir las del gas (una media del 9,6%) muy por encima de lo que la CNE recomienda (el 5,1%).

Se trata de las llamadas tarifas de último recurso (TUR), que entraron en vigor el 1 de julio. Son las únicas que sobreviven a la liberalización y se aplican a clientes 'vulnerables', con consumos inferiores a 50.000 kWh/año. Existen cuatro tipos de tarifas, según el consumo, y su revisión trimestral ha provocado tensiones entre el regulador e Industria, pues aquél considera que existe un vacío regulatorio que impide determinar el coste de la materia prima, que es el término variable que permite fijarlas.

Es por esto que la Comisión, en su propuesta previa de revisión de las TUR, aprobada por su consejo del 25 de septiembre, recomendó prorrogar el sistema vigente de actualizaciones, en tanto se establece otro nuevo: o mediante una fórmula con un mix de gas referenciado a determinados precios internacionales o mediante subastas públicas, tal como recomienda la norma.

Dado el problema legal, y aplicando la metodología de asignación de costes aún sin derogar, la CNE calcula una subida media del 5,1%: entre el 4,7% y el 7,5%, según las distintas tarifas. Por el contrario, la subida del Ministerio de Industria es un 4% superior a la del regulador: entre el 7,5% y el 12,8%.

Fuentes del consejo consultivo de hidrocarburos de la CNE aseguran que Industria ha alterado la actual metodología aplicando distintos sistemas de cálculos 'no ortodoxos' y 'reconoce costes que antes no reconocía, como el peaje implícito'. Con la actual regulación, hay variables que se revisan una vez al año y otras cada trimestre. En esta ocasión, sólo tocaba revisar el llamado Coste de la Materia Prima (CMP), que ha sido modificada, y, en el caso de los peajes, éstos no debían revisarse hasta enero.

El problema, según fuentes empresariales, es que cuando la CNE hizo su propuesta, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya había llevado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos la suya, que fue aprobada. Además, añaden las mismas fuentes, 'la subida de las materias primas exige un alza de la tarifa de entorno al 10%' para recoger los costes de los comercializadores de último recurso (las empresas distribuidoras de cada zona).

Todos los costes

El Gobierno quiere aplicar una tarifa aditiva, tal como exige la ley, porque los suministradores de gas, a diferencia de los eléctricos, no cobran déficit de tarifa, argumentan en las empresas gasísticas, según opinan en el sector. La aditividad supone incluir en la tarifa el coste de la materia prima, los peajes de acceso, los costes de comercialización y los de seguridad del suministro.

En un duro informe, y para evitar malentendidos, la CNE considera que la orden ministerial en liza no incluye una metodología a aplicar en el futuro, pues se limita a describir el procedimiento para actualizar la TUR.