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El 14 de julio pasado fue un día de contrastes en el sector de telecomunicaciones. Con un mismo comentario, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, disparaba las alarmas de las operadoras mientras hacía las delicias de las asociaciones de usuarios. El motivo de tan distintas reacciones fue el anuncio de una nueva normativa llamada a garantizar que los usuarios de banda ancha, ya fuera con ADSL o cable, recibieran al menos el 80% de la velocidad publicitada por las empresas.

Ese día el ministro no fue mucho más explícito, lo que llevó a las operadoras a pensar que se trataba de la velocidad real que llega efectivamente a los clientes. Pero el borrador de la carta de los derechos de los usuarios, donde se recoge esta disposición y al que ha tenido acceso este diario, incluye una buena noticia para las telecos. No se trata de la velocidad real, sino de la 'teórica', según el documento. Y, aunque se podría pensar que no tendría por qué haber mucha diferencia entre una y otra, lo cierto es que sí la hay.

La velocidad real es la que disfruta el cliente día a día en la navegación. La teórica es la que establecen de antemano unos determinados parámetros estadísticos, que contemplan sólo aspectos como la distancia entre el hogar del abonado y la central. Para conocer la primera hay que hacer una caracterización del par, que ya se realiza con empresas o clientes específicos, requiere un desplazamiento para conocer las condiciones de la central y la línea del posible abonado y cuesta unos 150 euros. La velocidad teórica, en cambio, consta en documentos que son públicos para las operadoras y no acarrea coste alguno.

Explicaciones al ministerio

Las diferencias para las compañías de banda ancha entre uno y otro requerimiento son evidentes, y así lo ha visto el ministerio, que asegura que siempre pensó en limitar la exigencia a la velocidad teórica, aunque no fuera explícito en un primer momento. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que han pesado las explicaciones de las compañías, que han convencido a Industria de que exigir una velocidad real determinada podría suponer un sobrecoste para el usuario y que además es técnicamente imposible garantizar un caudal constante, ya que depende de elementos externos como el equipo del cliente.

La mala noticia es para los consumidores, que seguirán sin tener una garantía de la velocidad a la que navegan, que puede estar lejos de la anunciada.

Pero no todo en el borrador de carta de derechos es favorable a las peticiones de las operadoras. El documento impide que las compañías vendan una oferta de ADSL a un usuario si la velocidad teórica no es, al menos, del 80%. Eso, aseguran fuentes del sector, va en contra de los abonados porque lo normal es que una compañía tenga una cartera limitada de productos. Podría darse el caso de que un cliente no pueda contratar un ADSL de 20 megas porque sólo recibe 12 y tenga que conformarse con la oferta de seis megas. En estas circunstancias, las telecos piden que se dé al abonado la opción de elegir, algo que el borrador de carta no contempla.