Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 3:30 h.
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Inicia la consulta pública para dar nuevas frecuencias
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I. Abril - Madrid - 09/07/2008
El Gobierno quiere escuchar las opiniones del sector nacional de telecomunicaciones antes de establecer un nuevo marco en telefonía móvil, que se enfrenta a importantes cambios por la concesión de nuevas frecuencias y la modificación en las condiciones de las que ya están usando las operadoras.
Son sólo 18 folios, pero en ellos se lanzan decenas de preguntas al sector. En teoría -el Ministerio de Industria siempre tendrá libertad para imponer finalmente su criterio- están en manos de las compañías decisiones que van desde la forma de concesión de las nuevas frecuencias a la entrada o no de nuevos actores.
Y es que en ese punto está una de las claves de la consulta pública, puesto que la primera parte de los cambios se centra en la habilitación para la prestación de servicios avanzados, fundamentalmente de banda ancha en movilidad, de una nueva banda de frecuencias, la de 2,6 GHz.
Lista de interesados
El Gobierno muestra su preocupación por el interés que puede haber en este espectro, dado el grado de madurez del mercado de telefonía móvil y la posibilidad de que los crecimientos futuros de este negocio sean más reducidos. Por eso, el Ejecutivo enumera a aquéllos que cree que puede interesar. Cita para comenzar a los actuales operadores celulares, que con estas frecuencias podrían lanzar ofertas de banda ancha en movilidad sin saturar las actuales redes celulares, que se dedican principalmente al servicio de telefonía.
El segundo grupo de interés, apunta el Gobierno, son 'los operadores que actualmente carecen de derechos de uso del espectro radioeléctrico (operadores de redes fijas)'. Estas compañías, como son Ono, Jazztel u otras telecos de banda ancha o cable, podrían acceder a estas frecuencias como forma de 'ofrecer a sus abonados paquetes completos de servicios', asegura el texto.
Es más, la consulta pregunta incluso si, puesto que el objetivo de la concesión de nuevas frecuencias es ampliar la competencia, se debería limitar o condicionar la participación de las compañías que ya disponen de espectro de móvil.
Con estos argumentos, el Gobierno pregunta al sector si cree que hay demanda para estas nuevas frecuencias y también plantea el punto más importante, ¿cómo creen que deben repartirse? Tras la polémica suscitada por las subastas millonarias de las licencias de UMTS en Europa, que llevó al Ejecutivo español a cuestionarse la concesión nacional, hecha por concurso, y poner una macrotasa para compensar la ausencia de recaudación, ahora pregunta por la fórmula que se prefiere.
La consulta habla de la subasta -se queda las frecuencias quien más pague-, pero también del tradicional concurso -gana el que realice una mejor oferta integral- o una combinación de ambas posibilidades.
Otra sorpresa de la consulta es que pone encima de la mesa la posibilidad de que las frecuencias de móvil se concedan en un ámbito geográfico inferior al nacional. Sería la primera vez que se acomete una decisión de este tipo en tecnología celular. Sólo las licencias para dar telecomunicaciones por cable se segregaron por regiones y estas compañías serían, precisamente, las más interesadas en complementar ahora sus servicios con otra licencia regional de telefonía móvil.
También se piden opiniones sobre cómo articular el mercado secundario del espectro, que estaría llamado a permitir que se negocien frecuencias casi como cualquier otro bien.
Con todas las respuestas, el Gobierno dará su veredicto.
MÁS COMPETENCIA
El Gobierno tiene varios objetivos con sus nuevos planes para el móvil. En primer lugar, quiere 'maximizar el beneficio de los usuarios', dar más eficiencia al uso del espectro, 'evitar la distorsión del mercado' y 'fomentar la competencia' en el sector de telefonía celular.
La concesión de nuevas frecuencias y la posibilidad de que otras compañías entren en móvil para competir directamente con Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo es la principal novedad de la consulta, pero en el plan del Gobierno hay más iniciativas.
Una que el sector lleva tiempo reclamando es el cambio en las condiciones de las licencias de telefonía móvil GSM y DCS en las bandas de 900 y 1.800 MHz, propiedad de Telefónica, Vodafone y Orange, y que han hecho posible hablar por teléfono móvil en los últimos años.
La ley exige que estas frecuencias se usen sólo para dar voz, pero las compañías reclaman que se permita su utilización para cualquier tecnología, incluida la UMTS. ¿Y para qué lo quieren si ya tienen también frecuencias de este tipo, las de telefonía móvil 3G? Porque las de GSM y DCS tienen ventajas, como la mejor penetrabilidad en el interior de los edificios, que aumentarían la calidad del acceso a internet en banda ancha desde el móvil. También necesitan menos antenas para una idéntica cobertura, lo que reduce el coste del despliegue de la red.
El problema, para algunos, o la oportunidad, para otros, es que esta decisión podría venir acompañada de la redistribución de las frecuencias entre las compañías, porque no todas tienen la misma cantidad. El Gobierno plantea incluso la posibilidad de que se quiten frecuencias a Telefónica, Vodafone u Orange para dárselas a Yoigo, que sólo tiene UMTS.
La consulta habla, por último, de la posibilidad de cambiar las condiciones de las licencias de LMDS -banda ancha inalámbrica desde una ubicación fija-, para que puedan incluir la movilidad entre sus ventajas.
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