Iberdrola inicia un pleito civil en Nueva York
Tras recibir la mayor parte de las autorizaciones para la compra de Energy East en EE UU, Iberdrola ha recurrido a un juez civil después de que la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York le hubiera impuesto, entre otras condiciones, una rebaja de tarifas. Para Iberdrola se trata de un simple arbitraje y para los inversores, de una traba que podría retrasar el proceso de compra.
La buena racha de Iberdrola en el proceso de autorizaciones para la compra de la estadounidense Energy East, se ha roto. La compañía se ha visto abocada a un litigio administrativo tras la ruptura de las negociaciones para lograr el permiso de la Comisión de Servicios Públicos (PSC) de Nueva York, que es el organismo que debía otorgar el última autorización estatal al grupo español, tras el visto bueno obtenido en otros dos Estados donde opera Energy East, New Hampshire y Connecticut, y el principio de acuerdo firmado con el de Maine.
Según datos públicos, a principios de enero, Iberdrola inició un litigio administrativo que equivale a un proceso en toda regla ante un juez independiente, Rafael A. Epstein, que determinará, según fuentes conocedoras del proceso, el beneficio que los contribuyentes de Nueva York deberán recibir por la fusión de Energy East con Iberdrola. Además de la adquisición de ésta, la eléctrica española, a través de la sociedad encargada de la compra, Green Acquisition Capital, había pedido autorización para comprar las filiales Rochester Gas y Electricidad y la Corporación de Gas y Electricidad de Nueva York.
Frente al permiso sin condiciones obtenido en los estados antes citados, en el de Nueva York, donde la compañía no tiene clientes de gas ni luz, sino sólo un parque eólico, la PSC ha impuesto una serie de condiciones al grupo español que éste ha considerado desproporcionadas. Concretamente, se le solicita una rebaja de las tarifas que pueda beneficiar a los consumidores del Estado; un compromiso explícito de garantía del suministro y la venta del único activo de generación de la estadounidense, una central de carbón de 550 MW que explota la filial Rochester.
Esto ha llevado a Iberdrola a recurrir ante el juez Epstein, en un proceso que la compañía califica de 'simple arbitraje' y que, dice, 'entra dentro de lo habitual', pese a que el resto de Estados ha admitido la operación sin requisitos. Según un portavoz de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, tampoco la decisión de este juez, que analizará las condiciones, será vinculante. Sí lo será la decisión final que, con la opinión del magistrado, deberá tomar la Comisión de Servicios Públicos neoyorquina, antes del 23 de marzo.
Este organismo se apoya en un precedente cercano, el de la operación de National Grid, a la que se obligó a reducir la tarifa en 700 millones en 10 años, más de la mitad de este beneficio por las sinergias obtenidas. Frente a esto y el peligro de poder de mercado que la PSC advierte (ésta apunta a la participación del 10% que Iberdrola tiene en EDP, que cuenta en Estados Unidos con una filial eólica, Horizon), Iberdrola argumenta que en su caso no hay solapamiento. Algunas fuentes afirman que la eléctrica habría propuesto cambiar la tecnología de producción de la planta de Rochester.
Sea como fuere, antes del 31 de este mes, la empresa deberá presentar sus alegaciones ante el juez y también lo harán los productores independientes del Estado de Nueva York, los sindicatos y las asociaciones de consumidores que se han personado como parte interesadas en el procedimiento.
El último o penúltimo escollo
La compra de Energy East por 3.400 millones que Iberdrola anunció en junio, requería cuatro autorizaciones federales y otras cuatro estatales, que la empresa española ha venido obteniendo sin problemas. En cuanto a las primeras, la operación ha recibido el visto bueno del regulador energético federal (FERC); el de Competencia (la Scott Rodino); la comisión de telecomunicaciones (o FCC) y el órgano encargado de velar por la garantí del suministro, o Exxon Florio.Por su parte, Iberdrola necesitaba el visto bueno de los cuatro Estados en los que opera la adquirida, dos de los cuales, Connecticut y New Hampshire ya se lo han otorgado y, en el caso de Maine, según informa Iberdrola, se ha llegado a un principio de acuerdo. El escollo encontrado en Nueva York, podría suponer el retraso y el encarecimiento de una operación, que ya implica la asunción de una deuda de 3.000 millones y para cuya financiación Iberdrola amplió capital en 3.400 millones en junio. Además, entre inversores norteamericanos, se teme que la decisión que aplique en Nueva York sea aplicada en los otros Estados.Según las versiones, se trata de una 'cuestión de dinero' o de un problema de competencia, ya que los productores independientes han expresado su temor al poder de mercado en un país donde la producción y la distribución están perfectamente separadas
Se aplaza la compra
Fuentes del mercado se muestran convencidas de que el litigio administrativo que afronta Iberdrola en Nueva York alargará el cierre de la operación de compra de Energy East. Sin embargo, en la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán insisten en mantener el plazo que siempre se había marcado para la compra: en el primer semestre de este año, 'antes del 30 de junio', para ser más exactos.