El ICAC reconoce que la nueva ley puede fomentar la concentración de auditoras

El proyecto que reformará la Ley de Auditoría de cuentas de 1988 para adaptarla a la directiva europea de 2006 exigirá un mayor nivel de responsabilidad al auditor del grupo empresarial respecto a los trabajos de auditoría realizados en las entidades que componen ese grupo. De esta manera se incorporará por primera vez al ordenamiento español el principio de responsabilidad plena del auditor de cuentas del grupo respecto a los estados financieros consolidados.

La medida podría suponer en la práctica que se incremente aún más la alta concentración del sector de la auditoría en España, que como en el resto de Europa se encuentra en su mayor parte en manos de las llamadas cuatro grandes (KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PricewaterhouseCoopers). "Puede pasar que los auditores de los grupos, que suelen realizar las cuatro grandes, prefieran hacer ellos mismos también las de las sociedades que componen el grupo puesto que después se les va a exigir a ellos cualquier responsabilidad derivada de los estados financieros", reconocen desde el ICAC. "Pero es algo que se produce en España y en el resto de la UE", añaden.

El nuevo texto recogerá una de las peticiones más generalizadas de los profesionales de los auditorías. A partir de la aprobación de la norma los auditores sólo responderán de los daños que les sean directamente imputables y no por los perjuicios causados por la entidad auditada o por un tercero. Sólo podrá exigirse la responsabilidad solidaria del auditor cuando no sea posible individualizarse la causa de los daños y perjuicios.

Otro de los cambios de la ley que beneficiarán a los auditores será la reducción del plazo para ejercitar la acción contra los auditores por responsabilidad contractual, que dejará de estar fijado en los 15 años para pasar a ser de cuatro, el mismo plazo que se aplica a los consejeros de las sociedades mercantiles.

Y mientras se reducen las exigencias de responsabilidad se incrementan los requisitos de independencia, se delimitan los supuestos de incompatibilidad en los que el auditor deberá abstenerse de actuar y se revisan ciertas causas de incompatibilidad vigentes hasta ahora, que pasan a vincularse al régimen general de salvaguardas (relaciones empresariales, participación en la contratación de altos directivos, servicios distintos de auditoría), y clarifica la aplicación de otras (participación financiera directa, servicios de valoración y abogacía, existencia de relaciones familiares con determinados cargos de la entidad auditada). Por ejemplo, la incompatibilidad por la prestación de servicios de abogacía u de valoración se circunscribe, según el ICAC, sólo a aquellos servicios referidos a asuntos que tengan una incidencia significativa o afectar a la evaluación de cantidades significativas en las cuentas del al ejercicio.