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Legislación

El Gobierno obliga a las eléctricas a vender su red de alta tensión a REE

La red de transporte (alta tensión) que todavía permanece en manos de las distribuidoras eléctricas (un 8% del total) deberá ser cedida a REE en el plazo de tres años, tras la adaptación de la directiva sobre el mercado eléctrico. Así lo establece una enmienda del grupo socialista a la reforma de la ley eléctrica que se está tramitando con aquel fin.

Las empresas eléctricas que todavía sean propietarias de instalaciones de transporte 'deberán transmitir dichas instalaciones a Red Eléctrica, como gestor de esa red y transportista único'. Así lo establece una enmienda que el grupo socialista en el Congreso ha introducido en el proyecto de ley por el que modifica la ley eléctrica de 1997 para adaptarla a la directiva europea sobre normas comunes para el sector.

En estos momentos, sólo queda en manos de las distribuidoras eléctricas un 8% de la red de transporte (alta tensión), tras el proceso de transmisión que se vieron obligadas a realizar en los últimos años. Se trata de las redes de HC Energía (antigua Hidrocantábrico), filial de la portuguesa de EDP; las que Endesa posee en los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) y las redes que todas las compañías tienen en las grandes ciudades superiores a 220 kilovoltios, como cabeceras de distribución.

Según la citada enmienda, las afectadas deberán vender estos activos a Red Eléctrica 'en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley', que está tramitando el Parlamento. Respecto al precio de compraventa, el texto señala que 'será acordado entre las partes y estará basado en precios de mercado'.

En el caso de discrepancias a la hora de fijarlo, las partes le pedirán a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el nombramiento de un árbitro independiente, que será el encargado de determinar el precio. El que decida el árbitro 'será vinculante' y las transmisiones gozarán de ventajas fiscales.

El objetivo de estas medidas es desarrollar el modelo de operador y transportista único (TSO, en sus siglas en inglés) que impera en todos los países de Europa, excepto en Alemania, y que recomienda la directiva comunitaria de la electricidad. Dicho modelo es el que aglutina en una misma empresa la figura del operador del sistema y el transportista, aunque separados funcionalmente. Para que este modelo de transportista único se pueda aplicar totalmente en España, sólo queda por traspasar a la compañía que preside Luis Atienza, el 8% de los activos de transporte en manos de las distribuidoras.

Aunque el grueso del traspaso (ahora tiene el 92%) se ha realizado en los últimos años, la Administración ha seguido autorizando nuevas instalaciones de alta tensión a las eléctricas que, por el momento, también tienen la consideración legal de transportistas. De hecho, un reciente informe de la Comisión de la Energía pedía al Ministerio de Industria que cuando cualquier otro operador solicite una nueva instalación, ésta se otorgue y transmita directamente a REE.

Cambios

La recomendación parece haber sido escuchada. Así, según se desprende de la enmienda, desde el 1 de enero de este año ninguna distribuidora podrá solicitar la autorización administrativa para una nueva instalación de transporte. De hecho, sólo podrán ejercer la actividad de transportista hasta que se cumpla el final del plazo para vender a REE, las distribuidoras que tengan instalaciones de alta tensión o hayan pedido autorización para montarlas con anterioridad al 1 de enero de este año.

En el caso de Endesa, ya negocia desde hace tiempo el traspaso de sus instalaciones de transporte en las islas (que incluyen todos los activos ligados a las redes, como las subestaciones) a REE.

Las eléctricas reclaman lo mismo para el gas

El llamado TSO (operador y transportista único que actúa en exclusividad) es un modelo armonizado que la UE persigue y del que sólo queda fuera Alemania, donde todas sus grandes compañías eléctricas mantienen sus negocios de generación, distribución y transporte verticalmente integrados. En ese país existen, incluso, varios operadores del sistema.En España, para su aplicación total, sólo resta que toda la red de transporte pase a manos de REE, algo que el Gobierno quiere incluir en la ley eléctrica en proceso de reforma.Aunque el traspaso de estos activos ha sido pactado entre las compañías e Industria, éstas no parecen dispuestas a ceder una parte de sus redes de alta tensión: las que tienen en las grandes ciudades (generalmente soterradas) y que hacen la función de redes de distribución. Esta petición no ha recibido una respuesta negativa, por lo que en el sector entienden que podría ser negociable con el ministerio. Además, las empresas han reclamado que se aplique la misma receta en el sistema gasístico respecto a las redes principales y otros activos, aprovechando la transposición de la directiva del gas, que discurre paralela a la eléctrica en el trámite parlamentario. Algo que el Gobierno considera complicado.Estas medidas figurarán en la ley eléctrica como una disposición transitoria.

Dos años de retraso

La transposición de las directivas del gas y la electricidad tenía como plazo límite el 30 de junio de 2004. La tardanza le ha valido a España la apertura de un expediente, aunque alegó que buena parte de las exigencias ya se incluyen en la normativa española.

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