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Recargo

El Gobierno da vía libre al cobro del nuevo canon digital desde hoy

Con un año de retraso, el Gobierno publicó ayer la orden ministerial con las nuevas tarifas del canon digital. Memorias USB, MP3 y móviles con reproductor de música estarán afectados a partir de ahora, aunque en este último caso el gravamen es un 26% inferior a la propuesta inicial.

Las nuevas tarifas del llamado canon digital entrarán hoy en vigor, después de que el Ministerio de la Presidencia publicase ayer en el BOE la orden ministerial redactada para dar curso a lo establecido por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En el escrito, el Gobierno insistió en que el régimen de compensación por copia privada se ha ido extendiendo por la mayoría de los Estados europeos desde los años sesenta del siglo pasado, precisando que el objetivo que pretende es conciliar los intereses de los autores y los titulares de derechos de propiedad intelectual con el derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos.

El anuncio llega con un año de retraso, motivado por el enfrentamiento entre el mundo de la cultura y la industria de la electrónica, que se tradujo en un desacuerdo entre los Ministerios de Cultura y de Industria. Al mismo tiempo, las elecciones contribuyeron a dilatar el proceso, cuyo final, al menos momentáneamente, ha quedado establecido en el BOE.

Las nuevas tarifas

Una de las grandes novedades introducidas en el canon por copia privada es el establecimiento de un gravamen para las memorias USB, que será de 30 céntimos de euros por unidad, los reproductores digitales MP3 y MP4, que asciende a 3,15 euros por equipo, y los teléfonos con capacidad de reproducir contenidos digitales, que asciende a 1,1 euros. En este punto, el Gobierno parece haber querido reducir la presión sobre la industria y los consumidores, puesto que el canon propuesto inicialmente por Industria y Cultura a los teléfonos móviles con MP3 era de 1,5 euros por unidad, un 26% por encima del gravamen establecido finalmente.

De igual forma, el Gobierno ha recortado finalmente el canon que se imponía a algunos equipos. Así, el gravamen sobre las grabadoras de CD y DVD cae un 48,5%, el de los CD y DVD no regrabables se reduce un 22% y el 26% respectivamente, mientras que el de las impresoras de inyección de tinta disminuye un 47%.

En la orden ministerial, el Gobierno ha introducido unos límites para la recaudación. Según los escritos publicados en el BOE, si la cantidad devengada en concepto de reproducción de obras divulgadas en forma de libros supera los 37,2 millones de euros o queda por debajo de los 34,8 millones, o las cifras correspondientes a reproducciones audiovisuales superan los 80,6 millones o no alcanzan los 75,4 millones, las compensaciones y distribuciones establecidas se revisarán para que queden situadas en los citados rangos. El Gobierno establece que la tarea de revisión corresponderá a los departamentos de Industria y Cultura.

La aprobación provoca más críticas

La publicación de la orden ministerial provocó ayer otro choque entre partidarios y detractores. Las entidades de gestión de derechos de autor mostraron su satisfacción. La SGAE se felicitó por el hecho de que 'se vaya a normalizar esta situación', mientras Egeda dijo que la orden termina con un periodo de inseguridad jurídica y reclamó a la industria tecnológica un talante más favorable al diálogo.Por el contrario, el presidente de Aetic, Jesús Banegas, volvió a manifestar sus reticencias. 'Confío en que cuando termine la vigencia de este canon, haya otro sistema para remunerar la propiedad intelectual y no se renueve este mecanismo anacrónico', dijo. José Pérez, director general de Asimelec, apuntó que la orden aporta seguridad jurídica, si bien dejó claro que hay que buscar otros caminos acordes a los nuevos usos que imponen las tecnologías. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, calificó la medida de 'injusta e indiscriminada'. Domingo, que insistió en que mantendrán las denuncias ante Bruselas y el Defensor del Pueblo, criticó especialmente que las empresas y las administraciones públicas no queden exentas del canon. 'Este último extremo hará que el gravamen lo paguemos todos los españoles'.

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