El Gobierno ve indicios de fraude en el IVA de los derechos de CO2
Bruselas elabora un reglamento para evitar los casos detectados en Europa El multimillonario fraude del IVA conocido como "carrusel" se ha propagado por primera vez al sector servicios y, en concreto, al comercio de derechos de emisiones de CO2. España teme el impacto en su recaudación fiscal después de que varios países europeos hayan atajado unilateralmente el grave problema.
Las alarmas saltaron este verano, cuando en el Reino Unido fueron detenidas nueve personas sospechosas de haber defraudado en el IVA 38 millones de libras con el llamado sistema de carrusel. La estafa consiste en la compra transfronteriza de un producto sin IVA, la reventa local con IVA y la desaparición del intermediario con el IVA cobrado. Estas sociedades se crean y desaparecen con gran rapidez.
Tras la desarticulación de la red británica y los casos descubiertos en Francia, el Gobierno teme que el fraude haya cruzado los Pirineos. Expertos del sector coinciden en que España es especialmente vulnerable dado que es uno de los países más activos en el mercado de emisiones y que, a raíz de las medidas tomadas en países como Francia u Holanda, los potenciales defraudadores siguen buscando el punto débil de la vigilancia fiscal.
España, de hecho, se ha convertido en el destino de grandes volúmenes de derechos de emisión de CO2. Se trata de cantidades muy superiores a las habituales en un mercado pequeño, en el que las empresas industriales afectadas por la directiva para la aplicación del Protocolo de Kioto sólo necesitan adquirir algunos millones de toneladas de dióxido de carbono para poder producir. Concretamente, 12 millones el año pasado, las que no reciben gratuitamente en el Plan Nacional de Asignaciones (PNA), sobre un total de 162 millones de toneladas vertidas a la atmósfera. En lo que va de año, el precio medio se sitúa en 13 euros/tonelada, según datos de SendeCO2, la Bolsa de referencia de este mercado en el sur de Europa. Aunque el mercado es pequeño, el número de transacciones es ingente, pues se trata de un producto de inversión como otros.
Esa avalancha ha hecho sospechar a las compañías intermediarias y al propio Ministerio de Economía y Hacienda de la existencia de un gran fraude en el IVA que grava dichos derechos, y que se sitúa en el 16% en España. Un fraude que se ha podido detectar en los citados países, además de Holanda.
Reino Unido y Francia han optado por eliminar el IVA de los derechos de emisión. Holanda por la inversión impositiva: en lugar de ser el vendedor el que cobre el IVA, es el comprador al que se lo repercute a sí mismo y lo autoliquida con Hacienda en sus declaraciones. Alemania, por el momento, no ha tomado ninguna decisión, al no contar con evidencias de fraude en su territorio.
La Comisión Europea ha reaccionado a toda prisa tras comprobar que "por primera vez, durante el verano, se ha visto el fraude del carrusel del IVA en el sector servicios". En tiempo récord, el organismo comunitario aprobó la semana pasada un proyecto de directiva que pretende ofrecer a todos los Gobiernos de la UE la cobertura legal para aplicar el sistema holandés.
La propuesta, que requiere la aprobación por unanimidad de los 27 ministros de Economía de la UE, ofrece también la posibilidad de invertir el sujeto pasivo en el comercio de teléfonos móviles, microchips, metales preciosos y perfumes. Pero de esas cuatro categorías, cada país podrá aplicarlo sólo a tres. En el mercado de emisiones, en cambio, se ofrece incondicionalmente, lo que muestra el grado de alarma que existe. En España, fuentes próximas a Hacienda aseguran que el Gobierno aplicará el reglamento que fije Bruselas.
En SendeCO2 opinan que, en aras de la transparencia y la sencillez, "se opte por eliminar la imposición, como en otras comodities". También consideran adecuada la recomendación de la CE.
Primeras sospechas en mayo
Los primeros rumores sobre la posibilidad de que determinadas empresas, generalmente de nueva creación, poca experiencia y escaso capital, pudieran estar incurriendo en ventas masivas de derechos de emisión por razones fiscales comenzaron a circular en el mercado francés en mayo. Estas empresas, muchas de ellas galas, compraban derechos en el extranjero donde, por el principio de inversión del sujeto pasivo, quedaban exentos del pago del IVA y después los vendían en Francia cobrando el impuesto. Enseguida surgió el temor de que algunas de ellas, una vez cobrado el impuesto pudieran desaparecer sin liquidar el IVA repercutido al fisco.La Hacienda francesa actuó con rapidez y en junio decidió, unilateralmente, eliminar el IVA para las compraventas al contado de derechos de CO2. Así, se aseguraba que las operaciones vendrían motivadas por razones de mercado y no fiscales. También Reino Unido, donde ha habido detenciones, optó por igual medida.El tercer país en actuar ha sido Holanda, si bien, su solución ha sido distinta: en lugar de eliminar el IVA, ha establecido un sistema de autorrepercusión inversa del impuesto: la liquidación la realicen los compradores.Aunque la potestad para modificar la normativa del IVA es de la Comisión Europea, ésta fue consultada por Francia y Holanda. Y lo aceptó provisionalmente para evitar un agujero fiscal mayor.
