El Gobierno, las 'telecos' y una cuenta pendiente de 1.000 millones

Las operadoras de telecomunicaciones han sacado la artillería contra el Gobierno. La decisión de incluir al sector entre los llamados a sufragar la desaparición de la publicidad en la televisión pública ha desatado las iras de la industria, que ya ha adelantado que no se quedará parada. Recurrirán el pago de la tasa y acudirán a Bruselas, han asegurado desde las distintas patronales que defienden los intereses de las compañías. Batallarán por sus derechos con todo el convencimiento de que la razón está de su parte, añaden.

La realidad, sin embargo, es que su única esperanza a corto plazo está en la Comisión Europea. Al igual que hizo con Francia, Bruselas ha iniciado una investigación sobre el modelo de financiación de TVE y las telecos cruzan los dedos para que el proceso se cierre declarándola ilegal. Así lo señalan varias fuentes del sector, que creen que existen argumentos de peso para que la comisión llegue a esa sentencia.

Si no es así y la baza de la investigación comunitaria abierta la semana pasada queda en nada, el camino al que se enfrentan las telecos es largo y complicado, ya que se mezclan los intereses económicos con los políticos, y a ellos se une la lentitud de la Justicia nacional. Y no se trata de un intento de adivinar el futuro, apuntan desde las operadoras. Es que ya ha sucedido; está sucediendo. Basta recordar qué pasó en 2001 con la tasa sobre el uso del espectro y ver cómo está la situación ahora.

Anna Birulés estaba al frente del ministerio encargado de dirigir las telecomunicaciones cuando se decidió el mayor cambio fiscal de la historia del sector. Las operadoras vieron multiplicado por 14 el canon anual a pagar por el uso del espectro radioeléctrico, hasta 961 millones de euros. Y la gran mayoría se vio afectada, ya que incluso operadoras de telefonía fija tienen alguna concesión que implica utilizar frecuencias celulares.

En descargo de Birulés hay que recordar qué momentos se vivían, cuando el sector todavía no era consciente de que la burbuja tecnológica estaba pinchada. Era el año 2000 y la sigla de moda era el UMTS. España había concedido las licencias para explotar esta tecnología por concurso, con una aportación financiera de las operadoras al Estado. Pero luego llegaron las subastas de Reino Unido, de Alemania... España sintió que había perdido una oportunidad millonaria y quiso resarcirse. ¿Cómo? Disparando el pago por uso del espectro.

Al igual que con la tasa que se ha impuesto a las telecos para financiar TVE, las operadoras tuvieron que esperar a la liquidación del impuesto para recurrir lo que se denominó el espectrazo de Birulés. Se formuló como ley sancionada por el Parlamento, así que lo único que se podía cuestionar era el acto impositivo.

También en ese caso Bruselas hubiera podido ser una vía de salida. La Comisión Europea miró el tema e hizo alguna declaración contra el espectrazo, pero nunca entró a fondo. Además, España reculó y el tasazo sólo duró un año. Las compañías podrían haber denunciado a España ante la comisión, pero no lo hicieron. ¿Por qué? "Denunciar al Reino de España ante Bruselas es una decisión muy importante y política. Es ir contra el Gobierno al que luego hay que pedir respaldo para otras actuaciones. Denunciar en solitario puede tener consecuencias para quien lo haga", explican fuentes del sector.

Agotada esa vía, las operadoras esperaron a la liquidación del impuesto. Fue en los primeros meses de 2001 y acudieron al Tribunal Económico-Administrativo Central. Este organismo avaló la tasa, así que se recurrió a la Audiencia Nacional. Ante la insistencia de las compañías, este tribunal planteó una cuestión al Constitucional. Su participación hubiera acelerado mucho los trámites, pero no hubo suerte. El Constitucional sentenció que el Parlamento tiene derecho a decidir las tasas que aplica. Con esa negativa, la Audiencia Nacional siguió con el proceso. En 2006 llegó su veredicto: un nuevo varapalo a las operadoras.

Los departamentos jurídicos de Telefónica, Vodafone, Orange, Yoigo y muchas otras empresas siguieron trabajando. La nueva esperanza es el Supremo y allí está el espectrazo desde hace años. Fuentes de las compañías aseguran que tienen una baza ganadora: el Gobierno cobró por un espectro que todavía no había concedido a las telecos, porque en 2001 aún no lo había limpiado y estaba en manos de otros concesionarios.

Están seguras de ganar, convencidas de que el Supremo no hará una sentencia política, sino jurídica. El Estado tendría que devolver 961 millones más los intereses, y en plena crisis. Eso sí, todavía puede tardar y eso que han pasado ya más de ocho años. Por eso, esas mismas telecos confían ahora en Bruselas, para que la tasa de TVE no tarde una década en resolverse.