El Gobierno debate la vía legal para dejar sin prima a las fotovoltaicas irregulares

El borrador de real decreto sobre la liquidación de las primas de las plantas fotovoltaicas enviado por el Ministerio de Industria para su dictamen a la Comisión de la Energía (CNE) en enero de 2009 ha sido rescatado de los cajones del ministerio más de un año después de su "congelación". La propuesta legal establecía, entre otras medidas, que las instalaciones en situación de fraude se quedarían sin subvención y pasarían a una subsección del registro oficial como plantas de generación sin primas.

La CNE remitió su informe al departamento que dirige Miguel Sebastián cuatro meses después, el 11 de mayo, pero las salvedades planteadas por los servicios jurídicos del órgano regulador y la propia Abogacía del Estado aconsejaron su aparcamiento, ya que se trataba de una especie de procedimiento del Estado por el que se revisaba, sin garantías legales, las autorizaciones autonómicas que habían recibido estas plantas. En definitiva, se trataba de una invasión de las competencias de las comunidades autónomas, que, por su parte, no tienen ningún interés en investigar las situaciones de fraude relacionadas con los permisos que ellas mismas otorgaron.

Ahora, tras la decisión de Industria de negociar un recorte de las primas para evitar el colapso de la tarifa de acceso (en la que los costes de la subvención a las energías del régimen especial superan los 6.200 millones de euros), el Gobierno ha sacado la norma del congelador. Así, según fuentes próximas al Ejecutivo, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos analizó hace dos semanas el citado borrador de real decreto con el objetivo de tomar alguna decisión al respecto.

Las mismas fuentes consideran que, salvo que experimente cambios de contenido importantes, el texto legal no tendría que volver a pasar por la Comisión de la Energía. Y añaden que el hecho de que haya sido debatido por la Comisión Delegada es una prueba del interés del Gobierno en tomar cartas en el asunto, después de que algunas asociaciones del sector, como Asif o APPA, hayan solicitado también que se deje sin primas a estas plantas, para hacer justicia con las que están en situación legal y lograr un recorte. Además, el Gobierno se ve también en la necesidad de hacer algo con las inspecciones a la fotovoltaica que encargó hace más de un año a la CNE sin que se hayan penalizado las graves anomalías detectadas en muchas de las instalaciones.

Según adelantó ayer CincoDías, de las 4.000 inspecciones realizadas ya se han remitido al ministerio las actas de 2.400 y el resto estarían a punto de ser enviadas. Las inspecciones comenzaron a realizarse en la primavera de 2009 y el resultado es que se ha detectado alguna anomalía en el 80% de los casos.

También la eólica

El trabajo de inspección lo ha realizado la empresa pública Tragsa, que ha investigado a las 4.000 plantas que, según la lista proporcionada en su día por las empresas distribuidoras, comenzaron a verter su producción a la red con posterioridad al 30 de septiembre de 2008.

Esa fecha marcó la frontera entre la retribución más beneficiosa (derogada ese día con el Real Decreto 661/2007) que recibirían las plantas que, antes de esa fecha, tuvieran la inscripción definitiva en el registro y sus equipos en regla para producir electricidad. Los plantas investigadas estaban inscritas en el registro autonómico, pero la mayoría no tenían la instalación en regla para poder producir, lo que determina una irregularidad.

Además de estas inspecciones, la CNE también concluyó en junio del año pasado el informe sobre las correspondientes a las plantas eólicas derivadas del cambio de retribución, donde se detectaron también problemas notables. En estos momentos, hay en funcionamiento 51.207 instalaciones fotovoltaicas y 968 eólicas, si bien, en el primer caso suman 3.369 MW de potencia instalada y, en el segundo, 17.373 MW de potencia.