El Gobierno aprueba hoy la norma de lucha contra el fraude fotovoltaico

El Ministerio de Industria ha encontrado la fórmula para luchar contra el fraude en la energía solar fotovoltaica sin atentar contra las competencias de las Comunidades autónomas. Hoy, el Consejo de Ministros aprobará, presumiblemente, un Real Decreto que permitirá investigar a unos 800 megavatios de esta energía, sospechosos de estar cobrando más prima de lo que le corresponde irregularmente. Esta cifra supone ir en contra de cerca del 25% de toda la potencia instalada hasta septiembre de 2008.

Si se demuestra la irregularidad de la inscripción de esa planta, el promotor dejará de cobrar la prima correspondiente y estará obligado a devolver todo lo percibido con los intereses de demora. Todo ello sin perjuicio de que se puedan imponer sanciones administrativas o penales a estos promotores, en caso de que las autoridades competentes así lo consideren.

Las instalaciones estarán inscritas en una "subsección del registro", que determinará que sólo cobrarán el precio de mercado por la electricidad producida. El promotor puede optar a inscribirse en el registro actual pero estará al final de la lista de espera para entrar en el prerregistro, que se prevé de unos cuatro años, en un sistema de primas decrecientes trimestralmente.

La fecha de septiembre no es aleatoria. La anterior normativa, el Real Decreto 661/2007, estuvo vigente hasta el 29 de septiembre de 2008 y el cambio regulatorio, que preveía unas primas mucho menos beneficiosas, provocó un "efecto llamada" y un "aluvión de nuevas plantas", como recordaron ayer desde Industria, que superaron con creces la potencia objetivo prevista hasta 2010.

Un mes después de desaparecer la normativa, en octubre de 2008, la CNE empezó a investigar, a petición del ministerio que sospechaba el fraude, si existían instalaciones que no cumplían los requisitos para estar inscritas en esa regulación. La CNE ha inspeccionado unas 4.370 plantas, un 7% del total instalado, y ha encontrado anomalías de distinto tipo en cerca del 80%, tal y como adelantó Cinco Días.

De ese muestreo y de los datos aportados por las asociaciones del sector se extrae que entre 600 y 1.000 MW podrían estar en situación irregular. "Hay muchos casos particulares pero hay instalaciones que no estaban en marcha en la fecha obligatoria", explicaron fuentes de Industria. "Podría afectar al 15% de todas las instalaciones", apuntaron, si bien no quisieron dar ningún dato concreto.

Los 800 MW elegidos para comenzar a investigar serán, previsiblemente, "los inscritos con fecha más cercana a 29 de septiembre y que no estuvieran produciendo electricidad o lo estuvieran haciendo muy por debajo de su capacidad", apuntaron ayer desde el ministerio. El regulador pedirá al promotor investigado documentos de aduanas, facturas originales de compra de módulos, certificados de instalación, fotografías o cualquier otro detalle que pruebe que la planta estaba correctamente instalada y funcionando en la fecha de inscripción. El propietario tiene dos meses, desde el requerimiento, para presentar los papeles.

Este decreto lleva fraguándose desde finales de 2008 pero había encontrado múltiples escollos en su tramitación por posibles choques contra las competencias de las Comunidades Autónomas, que son las que finalmente autorizan las plantas fotovoltaicas. Ayer, desde Industria aseguraron que el texto cuenta con el beneplácito de éstas, "con las que ha habido conversaciones fluidas" y de las asociaciones del sector.

Las patronales Asif, AEF y APPA habían pedido en múltiples ocasiones esta lucha para limpiar la imagen del sector y para evitar que la nueva normativa reduzca las primas retroactivamente a todas las plantas en funcionamiento del Real Decreto 661/2007.

Déficit de tarifa

El dinero que se recaude con las devoluciones de primas irregulares, que las asociaciones cifran en 800 millones, pasará a la caja única de la CNE, con la que se financian costes regulados como transporte o las primas. Podrá repercutir en disminuir el déficit de tarifa.