Gas Natural-Sonatrach, o el triunfo de Goliat

Es acaso Gas Natural una empresa pública? No tenemos nada que negociar con el Gobierno español, Gas Natural debe cumplir la sentencia y pagar". Estos duros comentarios se atribuyen a un alto directivo de Sonatrach, el coloso estatal argelino que, para asombro de los expertos en arbitraje internacional, logró que la Corte de París aceptara todas sus peticiones (habitualmente se opta por un justo medio) en la controversia que duraba ya dos años sobre la revisión de los contratos de aprovisionamiento que mantiene con Sonatrach.

Como es sabido, el grupo argelino ha logrado una subida superior al 20% en los precios del gas suministrado a Gas Natural entre 2007 y 2009. En total, casi 1.500 millones de euros que, según los cálculos que la compañía acaba de anunciar, afectará negativamente a sus resultados de 2010 en 450 millones de euros.

Desde que a mediados de agosto se conociera el resultado de un pleito que pocos recordaban ya (coincidió en el tiempo con el que Argelia planteó contra Gas Natural y su accionista Repsol por incumplir el contrato del macroproyecto de Gassi Touil), los responsables de la compañía se han dedicado en cuerpo y alma a resolver el grave problema. De hecho, la empresa ha aplazado el road show previsto en septiembre para presentar en los mercados internacionales el nuevo plan estratégico que anunció a finales de julio.

Tras las lamentaciones lógicas de la situación ("¿por qué no aceptaría Gas Natural la propuesta de subida que planteó en su día Sonatrach y que le hubiese costado la mitad?", o "una empresa del tamaño de Gas Natural no puede enfrentarse a un Estado en un arbitraje"), la compañía ha decidido presentar un recurso contra la decisión arbitral con el único objetivo de ganar tiempo. Y es que frente a los laudos de este tipo de juicios privados caben pocas posibilidades.

La empresa que preside Salvador Gabarró ha suplicado ayuda al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y quiere aprovechar los meses que ha ganado para negociar un recorte de las exigencias económicas de Argelia. En este sentido, considera una buena baza el hecho de que los dos hombres clave del proceso -el anterior presidente de Sonatrach, Mohamed Meziane, y el ex ministro de Energía, Chakib Jelil- ya no están en la escena, pues fueron destituidos hace escasos meses de sus puestos. El primero, por un supuesto caso de malversación de fondos.

Dada la disposición de Sebastián a intervenir en favor de Gas Natural, por considerar que la cuestión es "un asunto de Estado", no faltan críticas por el trato de favor que el Gobierno estaría dando a una empresa privada que, además, se beneficia de dos contratos de Estado -los aludidos-, que en su día firmaron Argelia y España y que la entonces empresa pública Enagás, por su bajo precio (el secreto mejor guardado), debía destinar al mercado a tarifa.

Pero la actitud de Sebastián no parece responder tanto a un trato de favor como a la convicción de que, de un modo u otro, la deuda con Argelia la pagarán los consumidores: o mediante un reconocimiento explícito en la tarifa de acceso (como un coste hundido), que la compañía ya ha sugerido, o a través de mecanismos indirectos que el sistema permite. En el primer caso, Gas Natural alega que parte del gas suministrado, el de 2007, fue al mercado regulado, por lo que la diferencia deben pagarla los clientes regulados. Sin embargo, hay quien recuerda que parte de aquel gas fue deslizado por la compañía hacia el mercado libre.

En todo caso, y pese a la ingenuidad que se achaca a la gasística por confiar la gestión del problema a Miguel Sebastián, la vía política es la única posible para amortiguar el coste, lo pague la empresa o los consumidores. Sin embargo, la experiencia de anteriores conflictos con el coloso argelino (precisamente, Industria fue obligada por Moncloa a eliminar las condiciones que la CNE le impuso para poder reforzarse en el capital de Medgaz en 2008) ponen de manifiesto la dificultad del cometido que Sebastián tiene en sus manos. Herramientas legales no le faltan para presionar, pero falta por ver si quiere o puede utilizarla.

Pese a la confusión que se ha creado sobre la libertad ilimitada que Sonatrach tiene para comercializar gas en España, la Ley de Hidrocarburos, en su modificación de julio de 2007, establece entre otras condiciones (otras se refieren a la capacidad técnica y financiera de la compañía y a que tenga contratos de gas) que exista reciprocidad entre los países, algo que no se da en este caso. Aunque sería de difícil justificación que, de repente, se exigiera una reciprocidad que hasta ahora no existía, es la única arma de presión que tiene el Gobierno. Quitar la licencia a Sonatrach en vísperas de la puesta en marcha del gasoducto de Medgaz, en el que tiene un 36% del capital y del volumen transportado, resultaría una medida efectiva pero difícil para un ministerio que, en asuntos del Magreb, tiene por encima, entre otros, al de Exteriores.

Para una compañía productora y suministradora de gas como Sonatrach, que ya tiene una presencia importante en la península a través de EDP y una participación en la planta de Reganosa, con la comercialización a cliente final cierra el círculo del negocio y cubre los riesgos de las subidas de precios en los mercados internacionales.