Francia impone una multa de 575 millones de euros a ArcelorMittal y otras siderúrgicas
El ente regulador antimonopólico francés impuso una multa sin precedentes de 575,4 millones de euros por manipulación de precios a ArcelorMittal, Klockner Distribution Industrielle SA y otros ocho operadores y productores de acero.
La multa para tres divisiones de ArcelorMittal fue de un total de 302 millones de euros, mientras que a KDI le correspondieron 169 millones de euros, según informó hoy en rueda de prensa en París el Conseil de la Concurrence.
Los operadores y vendedores de acero habían aumentado un 10% los precios de productos como vigas, tubos y planchas de acero laminado, dijo el organismo regulador. Dividieron los territorios franceses en 11 regiones, cada una con un presidente y funcionarios designados para guiar, obligar y castigar a los clientes que trataban de evitar el monopolio.
"El objetivo, y también el resultado, no sólo era evitar que los precios surgieran de la competencia, sino también dividir clientes y mercados y aniquilar todo tipo de mecanismo competitivo entre esas compañías", dijo el ente regulador en un comunicado.
ArcelorMittal apelará
ArcelorMittal, que tiene sede en Luxemburgo, dijo que apelaría la imposición de la multa. "ArcelorMittal toma muy en serio estas cuestiones y tiene un riguroso programa global de acatamiento de las normas a los efectos de combatir las prácticas anticompetitivas", dijo la compañía en un comunicado.
Las acciones de la empresa caían 21 centavos y llegaban a los 17,29 euros este medio día en la bolsa en París. ArcelorMittal no desmintió la existencia del grupo monopólico y se le redujo la multa un 17%, dijo el organismo regulador francés.
KDI tampoco discutió la existencia del grupo y la multa se le redujo de 204 millones a 169 millones de euros. Claudia Uhlendorf, portavoz de Kloeckner & Co., de Duisburg, Alemania, no devolvió de inmediato el llamado por el que se le solicitaban declaraciones.
La multa fue la más alta que haya fijado el organismo regulador y superó la de 534 millones de euros que se les había impuesto en 2005 a las compañías de telefonía celular.