Fomento pide un año para resolver el litigio a la UTE del peaje Madrid-Toledo
Fomento pidió a la concesionaria de la autopista de peaje AP-41 un año de plazo para desatascar la situación de la vía, en pérdidas desde que se inauguró en 2006. æpermil;se es el tiempo estimado que tardará en salir la sentencia del Tribunal Supremo, al que acudió la UTE para exigirle al Estado 420 millones en concepto de reequilibrio económico-financiero.
La autopista de peaje Madrid-Toledo AP-41 sigue en punto muerto. Representantes de la concesionaria que la gestiona -una UTE conformada por Isolux-Corsan, Comsa, Azvi, Sando y el Banco Espírito Santo- se reunieron este verano con Fomento para negociar una salida digna al problema: la pista tiene pérdidas desde que se inauguró en 2006. Arroja un déficit de explotación de unos 30 millones de euros anuales debido al presunto incumplimiento de las cláusulas del pliego de la concesión. Esto es, no haber construido la prolongación de la AP-41, que había de llegar hasta Montoro (Córdoba), y el desdoblamiento de la M-407, autovía gratuita que discurre paralela a la AP-41 en un tramo de 11,6 kilómetros.
La reunión con Fomento tuvo lugar tras haber solicitado el 24 de mayo ante el Tribunal Supremo que dicho Ministerio restablezca el equilibrio económico-financiero de la infraestructura, valorado en 420 millones de euros -el tráfico es hoy de 1.700 vehículos diarios, cuando varios estudios preliminares y el propio Estado aseguraban una concurrencia de 17.000-. La inversión de la autopista fue de 392 millones, y alcanzará los 522 sumándole el importe de las expropiaciones pendientes de abonar -el consorcio tiene resueltos 80 de 2.400 expedientes-.
Un año es, según asegura Félix Villaluenga, director general de la Autopista Madrid-Toledo AP-41, el plazo que pueden cubrir con los fondos de que disponen para pagar los 30 millones anuales. "Hemos pedido el reequilibrio para que el proceso no nos lleve al concurso de acreedores", subraya Villaluenga. Y un año es, también, el tiempo que estiman que tardará el Supremo en pronunciarse.
La concesionaria está ahora mismo negociando con sus bancos, entre los que se cuentan La Caixa, Caja Madrid y el portugués Banco Comercio, la ampliación de los plazos. Los 420 millones que reclaman serían, pues, el montante que han dejado de percibir la UTE por causas vinculadas a la actuación de la Administración.
Soluciones
La sociedad planteó al Gobierno tres alternativas para solucionar el litigio. La primera sería cobrar una indemnización para compensar lo que dejarán de percibir durante los 40 años de concesión por el menor tráfico de la AP-41, que ha provocado indirectamente las actuaciones del Estado -los 420 millones de euros que han pedido ante el Supremo-.
La segunda consistiría en recibir un pago por disponibilidad en base a los vehículos que usen la autopista.
La tercera opción, de la mano de la segunda, sería revertir la vía bajo la modalidad de peaje en sombra (es decir, que la Administración abona a la concesionaria un canon por los vehículos que usen la infraestructura).
Desde la concesionaria consideran que, de no aceptar alguna de dichas soluciones, el Gobierno deberá acatar la sentencia del Supremo.
Así reza la cláusula 8 del pliego de la concesión: "Si la actuación de la Administración determinara de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión, deberá restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, en beneficio de la parte que corresponda". Asimismo, se especifica que "en ningún caso se deberá restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, cuando la obra, mencionada en el párrafo anterior, estuviera contemplada en la planificación de la Administración antes de celebrarse el presente concurso. Eso, según Villaluenga, excluye las reclamaciones de las radiales (R-3, R-4, R-5 y A-1 M40).
Ejemplo de agravio en el Congreso
El ministro de Fomento, José Blanco, mencionó la AP-41 el pasado día 22 de julio en su intervención ante el Congreso para detallar el recorte en infraestructuras. Cuando enumeraba los criterios que habían regido en la decisión de qué contratos rescindir, Blanco subrayó que se tendría en cuenta "las actuaciones paralelas a vías de alta capacidad ya en servicio y que con el tráfico actual y sus previsiones estimadas originarían problemas de viabilidad económico-financiera en las infraestructuras ya ejecutadas, como está sucediendo ahora en la autovía Madrid-Toledo". La mencionó porque, igual que las radiales, la AP-41 fue licitada cuando gobernaba el PP. Andrés José Ayala, portavoz del PP en la Comisión de Fomento, se quejó de la falta de planificación e improvisación de Fomento. Blanco, en la contrarréplica, contestó con una pregunta: "¿La planificación adecuada era el problema que yo tengo que resolver en la autovía entre Madrid y Toledo, donde se habían previsto unos tráficos de 17.000 al día y está teniendo unos tráficos de 1.700?".