Fomento ofrece un alza de tarifas y más plazo de explotación a las autopistas
Subida de los peajes, extensión del plazo de concesión o, posiblemente, ambas soluciones al mismo tiempo. Se trata del mecanismo de compensación por el que Fomento intentará, previo acuerdo con Economía y Hacienda, que las concesionarias de autopistas generen ingresos adicionales para pagar los créditos participativos que el propio Gobierno va a poner en juego en 2011. Con ello asegura la viabilidad de las concesiones.
Las empresas gestoras de las autopistas de peaje que van a ser respaldadas en los próximos meses con la entrega de créditos participativos del Gobierno para equilibrar sus balances tienen un principio de acuerdo con Fomento para aplicar fórmulas que eleven sus ingresos. De este modo, podrán amortizar esos préstamos blandos y pagar sus intereses sin penalizar al plan de negocio.
Pero hay una serie de trámites previos. Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011 ya contemplan, en disposición adicional, la intención del gabinete que lidera José Blanco de pedir al Gobierno la modificación de determinados contratos concesionales. Será acordando "una elevación de tarifas o una ampliación del plazo de concesión", según reza en la disposición número 41. Incluso se habla de la posibilidad de aplicar ambas soluciones a la vez. Sin embargo, es condición ineludible contar con el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
Este cambio de escenario en los contratos que sientan las bases de relación entre Administración y adjudicatarias busca que las empresas generen una caja extraordinaria que iría "directa y exclusivamente" destinada a amortizar el principal y los intereses de los citados préstamos.
Las medidas de equilibrio deben tener el visto bueno de Hacienda
Lo que de momento es una declaración de intenciones, tomará forma con la aprobación de los Presupuestos y afecta a las adjudicatarias de la autopista Alicante-Cartagena; de las autopistas radiales de Madrid; la también madrileña Eje Aeropuerto; la autopista Cartagena-Vera; la Madrid-Toledo; la circunvalación de Alicante, o al tramo Santiago-Alto de Santo Domingo de la autopista Santiago de Compostela-Orense, entre otras. Se trata de carreteras operadas por grandes constructoras y operadoras como Ferrovial, Abertis, FCC, ACS, Globalvía, Isolux, Comsa, Azvi, Sando u OHL.
Condiciones fuera de mercado
Como se anunció el pasado lunes, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero va a comprometer el próximo año 250 millones de euros en créditos participativos por los sobrecostes, en expropiaciones, imprevistos en los contratos de concesión.
Esta inyección de capital se entregará por el plazo de explotación que le resta a cada sociedad operadora, hasta un máximo de 50 años. Los intereses que cobrará el Estado son del 1,75% anual del saldo vivo del préstamo a 31 de diciembre. El periodo de carencia, tanto para la amortización del principal como para el pago de intereses, será de tres años.
Aceptar la ayuda del Gobierno supone que se renuncia a cualquier demanda contra el Estado por cuestiones relacionadas con el reequilibrio de las concesiones.
En el caso de la AP-41 (autopista Madrid-Toledo) la concesionaria ha llevado a Fomento hasta el Tribunal Supremo en busca de compensaciones por la apertura de la carretera alternativa sin peaje M-407 y la no prolongación hasta Córdoba de la autopista de pago. Sus operadores valoran en 420 millones de euros el deterioro económico de la concesión. Puesta en servicio en 2007, la autopista acumula ya más de 30 millones en pérdidas.
La subida en los peajes será escalonada
Fomento ha accedido a rescatar a las concesionarias que entraron en riesgo de quiebra por el esfuerzo inesperado que tuvieron que realizar en la expropiación de terrenos para construir las carreteras, o que han visto incumplidas las previsiones más pesimistas de tráfico.Esa ayuda repercutirá en el usuario de las infraestructuras afectadas ya que se articula a través de subida de tarifas o con la extensión en el tiempo del pago por uso. Eso sí, Fomento dejará sentado en los Presupuestos que los incrementos en los peajes serán escalonados.El Ministerio también se blinda ante posibles suspensiones de pagos entre quienes accedan a los créditos participativos. En ese caso, los ingresos adicionales no formarían parte del concurso e irían directamente a las arcas del Tesoro para el pago del préstamo.Tomando como ejemplo a las radiales de Madrid, las sociedades concesionarias cuentan con la financiación cerrada, pero no han respirado aliviadas al conocer los avances de Fomento en el plan de socorro. Las últimas en zanjar la tensión con la banca fueron las radiales 3 y 5. Operadas por Abertis, Sacyr, ACS y Globalvía consiguieron en abril alargar tres años un crédito de 600 millones. La banca supeditó su respaldo a que Fomento equilibrara la concesionaria.