Fomento liquida con un real decreto las horas extras de los controladores
El Ministerio de Fomento ha tirado finalmente de real decreto-ley para solucionar el conflicto con los controladores. El texto publicado el viernes en el BOE establece que la jornada laboral será de un máximo de 1.750 horas anuales, se suspende la prejubilación a los 52 años y se abre la prestación del servicio de control aéreo a empresas distintas de AENA. El objetivo es rebajar los costes de navegación y garantizar el funcionamiento de los aeropuertos de forma "continua y segura".
El ministro de Fomento, José Blanco, ha querido meter presión al colectivo de 2.400 controladores aéreos en España con la publicación en el BOE de un real decreto ley que pretende cortar de raíz la realización de horas extraordinarias mediante el establecimiento de una jornada laboral que pasa de 1.200 a 1.750 horas anuales por profesional (incluidos los tiempos de descanso). Según Blanco, el origen del problema es que una de cada tres horas que hacen los controladores es extraordinaria y éstas se pagan casi al triple que la jornada normal. Con la nueva regulación, las horas extra serán como máximo 80 al año (frente a 600 anteriormente).
El real decreto ley elimina la posibilidad de acceder a la prejubilación a los 52 años y recupera para AENA la organización del control del tráfico, que ahora estaba en manos de los propios profesionales en virtud del convenio colectivo firmado en 1999. La empresa pública se encargará desde ahora de la fijación del personal necesario para la prestación de los servicios y de la organización de los turnos de trabajo, horarios y descansos, y formación.
Fomento está convencido de que una fórmula eficaz para disminuir los costes es dar entrada al sistema a nuevas empresas concesionarias de los servicios de control distintas de AENA. Por ello, abrirá un proceso de selección de nuevos proveedores "en los aeropuertos que se determinen", lo que supone de facto liberalizar las torres de control. En principio, todas las torres de control de los aeropuertos españoles son susceptibles de salir a concurso, mientras que los centros de control de tráfico seguirán bajo gestión de AENA.
Asimismo, se concreta una de las medidas planteadas por AENA en las últimas semanas, que es la sustitución de los controladores físicos por los servicios de información de vuelo (AFIS) en los aeropuertos de menor tráfico de la red. Este verano podrían funcionar ya los primeros aeropuertos con este sistema.
La vía de urgencia del real decreto ley viene motivada, según Blanco, por la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo con los controladores y la inminente fecha de expiración del pacto de productividad, el 31 de marzo. El convenio actual es de 1999 y desde entonces se han sucedido acuerdos sobre prolongación de jornada. Según Fomento, estos acuerdos "son nulos de pleno derecho" e "ilegales". El coste salarial de los controladores aéreos fue de 748 millones de euros en 2008. Sobre la base de las cifras que aporta Fomento, se deduce que desde 1999 la cantidad abonada en concepto de horas adicionales y que Fomento considera ilegales superaría los 3.000 millones de euros.
El presidente de la patronal de transporte aéreo Aceta, Manuel López Colmenarejo, calificó de "muy positiva" la medida. Por un lado, porque el real decreto ley incluye expresamente una rebaja de las tasas aéreas (tendrán que estar en la media de los principales países europeos en 2013). Por otro, porque garantiza estabilidad al turismo.
El colectivo ve un "precedente gravísimo"
Los controladores de AENA recurrirán a los tribunales ante el real decreto ley aprobado por el Gobierno, que el sindicato mayoritario calificó de "imposición unilateral". El secretario de comunicación de la USCA, Rafael López, reiteró que los controladores nunca han pretendido una huelga "como medida de presión".López señaló que la aprobación de este decreto demuestra que AENA "en ningún momento" ha querido llevar una negociación de "buena fe" porque "ya sabía que lo iban a obtener por la imposición de un real decreto ley".En este sentido, afirmó que este hecho sienta "un precedente gravísimo" en el sistema de negociación laboral en España, por lo que intentarán recurrir utilizando el sistema legal en la medida de sus posibilidades.López señaló que USCA está analizando el documento y estudiando la validez legal de determinadas decisiones para recurrirlas ante el juez, al entender que la decisión "decreta un estado de excepción laboral a todas luces injustificable" por parte del Gobierno.Asimismo, explicó que el marco laboral "está negociado por ambas partes", por lo que la imposición unilateral desde fuera de las condiciones de trabajo es "completamente inadmisible". En esta línea, denunció que "determinadas cuestiones pactadas por empresa y trabajador en una mesa de negociación ahora se modifican unilateralmente".López recalcó que la medida es "una intromisión clara que salta por encima del Estatuto de los Trabajadores". Incluso, añadió, que en algunos aspectos también "salta por encima" de la Constitución y que "sienta un precedente para el resto de colectivos de este país". No obstante, se muestran dispuestos a negociar con AENA.
Despidos para las infracciones muy graves
El real decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno establece un régimen severo de sanciones para el personal que trabaje para las empresas concesionarias del control aéreo en las torres. "Las infracciones se considerarán muy graves cuando el incumplimiento haya impedido o menoscabado la seguridad o la continuidad en la prestación de dichos servicios". Estas situaciones serán causa de "despido disciplinario" por parte del proveedor de servicios de tránsito aéreo. El propio ministro de Fomento acusó las Navidades pasadas al colectivo de realizar "huelgas encubiertas" como presión.Fomento considera que la aprobación de este nuevo marco legal es compatible con la reanudación de las negociaciones entre AENA y los controladores para la renovación del convenio.La retribución media de los controladores ronda los 350.000 euros anuales. De esta retribución, 170.000 euros corresponde a la jornada básica y el resto a horas adicionales. AENA quiere limitar el salario a 200.000 euros.En 2006 trabajaron 1.744 horas (entre jornada básica y adicional), por 1.799 en 2007, 1.802 en 2008 y 1.750 horas en 2009. De mantenerse una jornada básica de 1.200 horas, sería necesaria una reducción de las operaciones de transporte aéreo en un 40% de media en el sistema y hasta en un 50% en las islas. El real decreto faculta también a AENA a realizar traslados temporales de controladores para atender las necesidades del sistema y a contratar a especialistas a tiempo parcial o como fijos discontinuos.
Claves
Ilegalidad. El único convenio colectivo del sector se firmó en 1999, con una jornada base de 1.200 horas anuales. Ese mismo año se alcanzó un acuerdo extra convenio para añadir 600 horas más como adicionales. Fomento asegura que este añadido es "ilegal" y "nulo de pleno derecho".3.000 millones. Las cifras de masa salarial que ofrece Fomento permiten deducir que se han pagado unos 3.000 millones de euros en horas adicionales desde 1999.
Negociaciones
AENA y los controladores tienen previsto reanudar las negociaciones para un nuevo convenio colectivo. Fomento cree que, a pesar del real decreto ley del viernes, hay margen para que esa negociación se produzca y ofrezca resultados.