España notificará a la UE las medidas del carbón como ayuda de Estado
España no ha logrado que sus medidas para obligar a las eléctricas a que quemen los excedentes de carbón escapen al control comunitario. Tras varios contactos informales con la CE, el Gobierno español tendrá que notificar la medida para que Bruselas verifique si es una ayuda de Estado aceptable.
El Ministerio de Industria prepara ya esa notificación para remitirla a la Comisión Europea después de varios contactos previos con el departamento comunitario de Competencia que dirige Neelie Kroes. Bruselas, de todos modos, podía haber investigado de oficio el mecanismo español.
æpermil;ste consiste en las denominadas restricciones por garantía de suministro que, incluidas en un real decreto en trámite, establecen la obligación de producir electricidad con carbón nacional a un precio regulado. Un combustible que, debido a la crisis y la caída de los precios internacionales, no logra casar en el mercado mayorista por su falta de competitividad. La medida incluye el pago del lucro cesante para el resto de tecnologías (como los ciclos combinados a gas) que, resultando casadas en el mercado, quedan fuera para dar paso al carbón.
España, según las fuentes consultadas por CincoDías, ha preferido no chocar desde el primer momento de la tramitación con la Comisión Europea. La ausencia de notificación, además, hubiera colocado al futuro comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en el brete de estrenarse abriendo un expediente contra España. La notificación voluntaria intentará ahora demostrar que la obligación de consumir carbón impuesta a las compañías eléctrica no constituye una ayuda de Estado ilegal ni distorsiona la competencia en el mercado comunitario.
Pero el Gobierno, según las mismas fuentes, no sólo deberá convencer al departamento de Competencia, sino también al de Energía porque la directiva comunitaria sobre liberalización del mercado eléctrico sólo permite priorizar una fuente de suministro autóctona por razones de seguridad del suministro, mientras que en este caso el motivo principal es el excedente acumulado (ocho millones de toneladas) por la caída de la demanda. La misma directiva establece, en cualquier caso, que el uso obligatorio de esa fuente autóctona no deberá superar el 15% del consumo eléctrico del país afectado. Bruselas tendrá que verificar si se respeta ese umbral.
La Comisión Europea, de todos modos, no parece contar con la jurisprudencia a su favor, según los expertos jurídicos consultados. El Tribunal de Justicia europeo (desde una sentencia sobre el caso alemán PreussenElektra) no considera como ayuda de Estado los regímenes en que no hay trasvase directo desde las arcas públicas a las empresas beneficarias.
Ese parece ser el caso del régimen ideado por el ministerio que dirigeMiguel Sebastián, porque la supuesta ayuda sematerializa a través de la obligación de las eléctricas de comprar el carbón y se retribuiría a través de las tarifas eléctricas que pagan los consumidores y no con los Presupuestos Generales del Estado.
Las mismas fuentes recuerdan que la CE aceptó en su día los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC) o compensación por la liberalización del mercado que estableció la Ley Eléctrica de 1997 y recibieron las eléctricas, sin que se llegara a determinar de manera clara que fueran una ayuda de Estado. "Aquella decisión benefició a las eléctricas. Ahora se puede volver en su contra", indica un especialista en derecho de la competencia.
Ya lo advirtió el informe de Luis Berenguer
España ya cuenta con un Plan de Ayudas al Carbón, validado por Bruselas y vigente hasta 2012, que destina unos 1.600 millones a este sector. A través de los Presupuestos del Estado y, en menor cuantía, la tarifa eléctrica, con esa cifra se sufragan las pérdidas de las compañías mineras y proyectos de infraestructuras y de reactivación de las comarcas mineras.Sin embargo, aunque la normativa comunitaria permite que se incentive hasta un 15% el consumo de carbón autóctono, el mercado había permitido que este combustible fuese, sin mayor problema, fuente de generación eléctrica en las centrales térmicas de León y Asturias, principalmente. Sin embargo, el hundimiento de la demanda provocado por la crisis ha llevado al Gobierno, en pleno fervor de las energías renovables, a obligar a estas centrales, propiedad de Endesa y Fenosa, a consumir carbón a un precio regulado.En su reciente informe sobre el decreto en trámite, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) no descartó que se tratase de una Ayuda de Estado, que habría que notificar a Bruselas. Así, según el organismo que preside Luis Berenguer, la medida "parece no tener amparo en ningún régimen de ayudas ya notificado y autorizado por la CE", en referencia al Plan del Carbón, y, de tenerlo, procedería su notificación.