Endesa e Iberdrola pedirán a la Audiencia Nacional que anule el cierre de Garoña
Nuclenor, la sociedad de Endesa e Iberdrola propietaria de Garoña, tiene dos meses para denunciar ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de clausurar la planta dentro de cuatro años. Ante ella, solicitará, entre otras, la nulidad del cierre por considerar que se trata de una decisión arbitraria. En caso de no ganar en esta instancia, podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.
Las dos grandes eléctricas propietarias de Santa María de Garoña, Endesa e Iberdrola, tienen ya dispuesta toda su artillería legal para defender ante los tribunales la continuidad de la central nuclear, cuyo cierre ha sido decretado por el Gobierno, a través de una orden ministerial, para el 6 de julio de 2013. La solución no convence a estas compañías, cuya propiedad comparten al 50% a través de Nuclenor. La semana pasada esta sociedad ya calificó la decisión del Ejecutivo de "arbitraria" y avanzó que adoptaría "cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de sus derechos e intereses legítimos".
Fuentes próximas a esta sociedad aseguran que será un consejo previsto para esta semana el que decida la estrategia legal a seguir. Por el momento, añaden, las opciones son tres: pedir la suspensión de la obligación de cerrar, solicitar la nulidad de la orden ministerial que lo fija y reclamar daños y perjuicios por la pérdida patrimonial que implica la clausura.
Por tratarse de una orden, contra ella cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. En caso de que no ganen en esta instancia, las denunciantes podrán recurrir al Tribunal Supremo. Si se hubiese tratado de un real decreto, a Nuclenor le habría bastado con ir al Supremo y se habría librado de pasar por la Audiencia y de un proceso mucho más dilatado.
Con todo, las empresas tienen cuatro años por delante (y unas elecciones legislativas en 2012, que podrían favorecer la continuidad de Garoña si gana el PP) para la resolución de su pleito. La central seguirá funcionando con total normalidad (mantendrá la misma producción y plantilla) hasta el mismo día de su cierre, en que se apagará. A partir de entonces, la continuidad de Garoña podría resultar irreversible, si bien, para obtener algún tipo de indemnización por daños y perjuicios las empresas no tienen problemas de plazo.
Una de las claves de la defensa legal es, como señala la propia Nuclenor, la arbitrariedad con la que ha podido actuar el Gobierno al tomar una decisión en contra del permiso otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por otros 10 años. De hecho, ante este temor, el texto legal que se publicó el sábado en el BOE, señala que la decisión del cierre de Garoña se ha adoptado de forma motivada, ponderando una serie de circunstancias "y evitando cualquier asomo de arbitrariedad". En este sentido, fuentes próximas al Ejecutivo aluden a la discrecionalidad que les permite la ley.
Fin de la autorización
Además, la propia orden recuerda que, según la ley de Energía Nuclear de 1964, "las autorizaciones caducan por el cumplimiento del plazo señalado en la autorización". La última fue otorgada por el Gobierno en 1999 y, según subraya la citada orden, era la primera autorización que Garoña recibía en su historia por un plazo tan largo de 10 años.
En este caso, se trata de una prórroga y del cierre definitivo de la planta, la tercera nuclear que se cierra en España: la primera, Vandellós I, en 1989 por un accidente muy grave y la segunda, Zorita, por decisión del CSN, en 2006, sin que llegase a cumplir los 40 años de su vida de diseño. Esta planta, propiedad de Fenosa, comienza a desmantelarse en octubre.
malestar por la reforma nuclear de Zapatero
La intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de modificar la legislación nuclear para delimitar cuál es la vida de diseño y cuál la vida útil de las centrales nucleares ha avivado las críticas que, de un lado y de otro, recibió la semana pasada con su decisión de cerrar Garoña, tra una prórroga de cuatro años.Ante las dudas surgidas sobre la reversibilidad de esta decisión (el PP podría modificar la orden ministerial que establece el cierre si gana las elecciones de 2012) Zapatero está dispuesto a atar su decisión en la futura Ley de Economía Sostenible. Sin embargo, sus aliados políticos en esta materia, ERC, IU e ICV ya han manifestado su oposición ante una medida, tras la que ven la intención de Zapatero de alargar la vida de las centrales nucleares. Así lo manifestó ayer el secretario general de ICV, Joan Herrera.Estos grupos, junto al PNV, han solicitado la comparecencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián, ante la Comisión de Industria para que explique la prórroga de la central dos años después de su vida de diseño. æpermil;sta la determina el fabricante por 40 años.