Economía descarta igualar la fiscalidad de seguros de vida y planes de pensiones
La fiscalidad 'no puede ser idéntica' en seguros y en planes de pensiones porque los productos son distintos, señala la directora general de Seguros, Pilar González de Frutos, en una entrevista con Cinco Días. De su declaración se desprende que la próxima reforma del IRPF no equiparará el trato fiscal de estos dos productos. La afirmación defrauda las aspiraciones de las compañías aseguradoras, que confiaban en que el Gobierno recogiera sus reivindicaciones.
Creo que si los productos no son idénticos, la fiscalidad no puede ser idéntica o, al menos, no debería serlo', declara la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Pilar González de Frutos. De su afirmación se desprende que el Gobierno no tiene previsto igualar el trato fiscal de seguros y planes de pensiones en la reforma del IRPF.
La directora echa así un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de las compañías de seguros, que ven cómo van pasando las oportunidades para hacer sus productos más atractivos fiscalmente. La última oportunidad fue la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para este año, que tampoco incluyó ventajas fiscales para los seguros.
La directora general explica que 'no hay que pensar tanto en una fiscalidad exacta y sí, en cambio, en una fiscalidad no distorsionante'.
La decisión corresponde al Ministerio de Hacienda. El ministro Cristóbal Montoro ya ha garantizado que el futuro IRPF favorecerá el ahorro destinado a la jubilación. 'Más compromiso que eso es difícil', subraya González de Frutos.
Hacienda cambiará la normativa para que cobrar la prestación -tanto de un seguro de vida para la jubilación como de un plan de pensiones- en forma de renta (en vez de como capital, todo de una vez) tenga deducciones o reducciones de algún tipo. Ahora tiene más ventajas percibirla como capital.
Esta futura medida contenta tanto a las gestoras de fondos como a las aseguradoras. Pero a este último sector no le parece un paso suficiente para lograr la neutralidad fiscal, como declaran fuentes de las compañías.
Fin de la exteriorización
González de Frutos sí confía en que la reforma incorpore algún tipo de incentivo fiscal para los seguros de dependencia, un producto pensado para las personas que no pueden valerse por sí mismas que todavía no está suficientemente desarrollado. 'No dudo que el Gobierno considere un tratamiento fiscal favorable para este instrumento de cobertura de necesidades sociales', asegura durante la entrevista.
En cuanto a la configuración del seguro, llama la atención sobre 'dos detalles técnicos': que haya 'un control objetivo de calidad de la prestación de este seguro, porque alguien tendrá que vigilar cómo se atiende a los dependientes' y que se fije 'quién va a establecer el grado de dependencia y las prestaciones que se necesiten'.
Por esta razón, defiende como prioridad que se cree un marco general para abordar este problema social y reclama un debate más profundo tanto de la Administración central y territorial.
En lo que respecta a la obligatoria exteriorización de las pensiones, el plazo se acaba el próximo 15 de noviembre. Y 'no se va a prorrogar en ningún caso', afirma De Frutos. Las empresas ya han encargado a un gestor externo pensiones por valor de 15.000 millones de euros. 'Quedan compromisos de empleo de cuantía bastante reducida', pero que 'afectan a un gran número de trabajadores'. Mayoritariamente son pymes las que no han hecho los deberes. Pero 'lo que queda por hacer no es ni difícil ni costoso'.
Poco impacto de las directivas de solvencia
La directora general de Seguros y Fondos de Pensiones minimizó el efecto que tendrán las directivas comunitarias sobre los márgenes de solvencia de los ramos de vida y no vida.
El mayor impacto en el ramo de vida estará ligado al hecho de que, de manera definitiva, no serán computables a efectos de margen de solvencia los beneficios futuros. No obstante, recalca, el plazo transitorio 'es tan prolongado' (hasta 2009) que 'no creará ningún trauma'. Para el ramo de no vida, la directiva modifica los tramos para calcular el nivel de solvencia exigible. Así, a partir de ahora se hablará de solvencia exigible y disponible (en este último caso, en vez de patrimonio propio no comprometido).
Respecto a la polémica figura del defensor del cliente que la Ley Financiera estuvo a punto de imponer en cada entidad, De Frutos destaca que 'a la patronal [Unespa] no le gustaba esta imposición'.
El Consejo de Estado criticó duramente la figura y aludió al coste que supondría. La directora general recuerda que muchas compañías cuentan ya con defensor del asegurado y 'el coste es bajísimo'. Pese a cualquier gasto, son muchas más las ventajas que les aporta, afirma.