El Consejo de Estado avala el decreto que obliga a generar electricidad con carbón
El Consejo de Estado considera que la norma que obligará a las eléctricas a producir con los excedentes de carbón que se acumulan desde hace un año debido a la crisis, "se atienen al ordenamiento jurídico español". Tras el informe que el organismo aprobó el 28 de enero, el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana un decreto, que criticaron duramente la CNE y Competencia.
El Gobierno lo tiene todo dispuesto para que el Consejo deMinistros apruebe mañana el real decreto que obligará a las eléctricas a producir con el excedente del carbón nacional (más de 10 millones de toneladas) que, debido al hundimiento de la demanda, se acumula desde hace casi un año en los terrenos de las centrales térmicas y en los de Hunosa. De forma provisional, esta compañía está comprando el mineral con fondos públicos.
La aprobación se producirá tras el visto bueno jurídico del Consejo de Estado y pese a los informes demoledores publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). También a pesar de que el Consejo de Estado recomienda expresamente que se espere a recibir una respuesta de la Comisión Europea, a la que elMinisterio de Industria prenotificó lasmedidas el pasado 18 de diciembre por si pudieran constituir ayudas de Estado.
El dictamen aprobado por el Consejo de Estado el 28 de enero, al que ha tenido acceso CincoDías, recomienda al Gobierno que espere "a que se dé una respuesta a la prenotificación efectuada" y que el propio Consejo da a conocer. En el caso de que Bruselas considere que no es necesaria una notificación final, no habría ningún problema. En el caso contrario, teniendo en cuenta los antecedentes que cita el Consejo de Estado, podría aprobarse condicionada a lo que luego decida la CE. Según las fuentes consultadas, de momento, no hay respuesta a la llamada prenotificación, una vía que sirve para agilizar el trámite.
En su informe del Consejo de Estado, considera, sin entrar en lo que pueda decidir la CE, que el proyecto de real decreto por el que se fija un precio regulado para el carbón, que debe ser adquirido de forma preferente por las comercializadoras, se "adecúa al ordenamiento jurídico español". Así, señala, la Ley Eléctrica de 1997 permite que se adopten medidas que hagan compatible el libre mercado con el uso anual de hasta un 15% de fuentes autóctonas para producir electricidad. El rango de la norma tampoco plantea problemas para el Consejo de Estado.
Sin embargo, este organismo hace algunas críticas, como el hecho de que una medida con importantes consecuencias económicas y medioambientales (según la CNE, su aplicación incrementará un 20% las emisiones de CO2) no haya sido consultada con los Ministerios de Economía y deMedio Ambiente. Y pide que se tenga en cuenta, en línea con los informes de la CNE y Competencia, su coste económico y quiénes habrán de soportarlo, así como la distorsión en el proceso de formación de precios. Asimismo, pide que se haga referencia explícita al "carácter transitorio" de la medida.
En cuanto a la prenotificación a Bruselas que recoge el dictamen, Industria justifica las medidas para compensar la compra de carbón por parte de las eléctricas (las mineras ya reciben las subvenciones del Plan del Carbón) por la condición de "isla energética" de España y por el fuerte crecimiento de las energías renovables. Estas se caracterizan por ser "no gestionables", pues no se puede disponer de ellas cuando más se necesitan, señala.
Por tanto, "para cumplir con los compromisos de producción renovable es necesariomantener un parque de generación termoeléctrica para reforzar la garantía del suministro". Además, Industria hace referencia a la coyuntura económica, que ha afectado negativamente a las térmicas "que dan flexibilidad al sistema" y son imprescindibles para satisfacer la demanda. Estas centrales no cubren costes, no pueden vender su producción a otros países por ser España una isla y los incentivos actuales (por capacidad) no son suficientes, por lo que su cierre "esmás que plausible", según el ministerio.
Crítica generalizada de empresas y asociaciones
El real decreto por el que el Gobierno pretende dar salida a los millones de toneladas de carbón nacional que las eléctricas han dejado de quemar por no ser competitivo, ha recibido fuertes críticas del sector, que han sido recogidas en la tramitación de los informes de la CNC, la CNE o el Consejo de Estado.Así, en el Consejo Consultivo de la Electricidad de la CNE, se opusieron a la medida Unesa; las empresas eléctricas, individualmente; otras energéticas (Repsol, Cepsa, BBE) y asociaciones como Acogen, Cide, APPA, Sedigas o AEGE. Unesa considera que el de la producción con carbón nacional es un problema que forma parte de otro más amplio: el del crecimiento del régimen especial y la drástica disminución de la demanda. Y calcula que la medida provocará un aumento de las tarifas del 8%. Por su parte, la patronal del gas, Sedigas, alerta sobre el impacto negativo de la norma en el suministro de este combustible, que será el gran perjudicado. El gas será desplazado en el pool por el carbón, aunque cobrará el lucro cesante si logra casar y queda fuera por dicho desplazamiento.La asociación de los pequeños distribuidores eléctricos, Cide, manifestó su oposición a que sean las comercializadoras las que tengan que asumir el coste de la medida. Por su parte, la asociación de grandes consumidores industriales, AEGE, critica que la factura eléctrica sea utilizada una vez más como mecanismo para solucionar problemas sociales como el de las comarcas mineras.En el trámite de audiencia del Consejo de Estado alegaron cuatro entidades. Entre ellas, Endesa Generación, que pidió que se corrigieran los volúmenes de carbón y los precios establecidos en el real decreto.