El Congreso avala la rebaja de las primas a la energía solar fotovoltaica
El Congreso de los Diputados ha aprobado el Real Decreto Ley 14/2010 con medidas urgentes para resolver el problema del déficit de tarifa del sistema eléctrico, después de que PSOE y PNV votaran a favor de la convalidación de la norma y rechazaran tramitarla como proyecto de ley, y de que CiU se abstuviera en ambas votaciones.
En el texto, en una disposición adicional, se introducían medidas de recorte de las primas para las instalaciones solares fotovoltaicas ya en marcha, cuestión que las empresas consideraban "retroactiva" e "inconstitucional".
El PP se ha abstenido en la convalidación del real decreto ley y ha votado a favor de tramitarlo como proyecto de ley. El rechazo a la tramitación como proyecto de ley sumó 175 votos, frente a 160 del sí y 9 de la abstención.
El aspecto de la norma que más enfrentamiento ha provocado en la Cámara durante el debate previo a la votación, ha sido el recorte de horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, que permitirá ahorrar 2.200 millones en tres años y que ha sido considerado retroactivo por las asociaciones del sector. Las patronales confiaban en que la norma se tramitara como proyecto de ley para poder introducir enmiendas que eliminaran aspectos que consideran muy lesivos.
Al margen de esta medida, el real decreto ley eleva los límites de déficit de tarifa hasta su desaparición en 2013 y permite ahorrar un total 4.600 millones al sistema eléctrico en tres años mediante la introducción de un peaje a la producción, de los planes de eficiencia y del bono social.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que las medidas "evitarán subidas desmesuradas de la tarifa" y ha considerado que el recorte a la fotovoltaica "no es retroactivo ni pone en riesgo su rentabilidad".
"Decepción" entre las compañías
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) consideró ayer "decepcionante" la convalidación de la normativa, a la que considera "retroactiva" y "muy perjudicial". Para la asociación, la Cámara Baja ha ratificado una "vulneración de la seguridad jurídica" que "perjudica gravísimamente a miles de empresas y particulares que han invertido más de 20.000 millones en energía fotovoltaica en España". Asif anunció que seguirá luchando "para que se restablezca el Estado de Derecho", y confirmó que ha recurrido ante el Tribunal Supremo el anterior real decreto solar.