El Club Náutico de Ibiza... ¿un bien de interés estratégico?
El PP lleva al Congreso que la entidad retenga sin concurso una concesión.
El Real Club Náutico de Ibiza se ha situado en el centro de la polémica en la isla balear. La concesión con que cuenta la institución fundada en 1925 para gestionar los muelles de amarre vencerá en octubre de 2010, tras expirar el plazo de 40 años que se le concedió en 1970. En este caso, la legislación vigente obliga a que la Autoridad Portuaria de Baleares, el dueño de las instalaciones, abra un concurso público al que puedan optar todos los inversores que lo deseen. Incluido el propio Club Náutico de Ibiza.
La posibilidad, sin embargo, de que haya un concurso que puedan perder y que suponga desalojar unas instalaciones que han venido explotando desde 1927 -fecha de la primera concesión- ha alarmado a los socios y ha generado un debate inusitado en el archipiélago. Y la polémica ha llegado al Congreso de los Diputados de la mano del PP.
Petición
El club presentó en agosto pasado una solicitud para que se le prorrogue la concesión. El Grupo Popular, por su parte, registró en octubre una proposición no de ley para tratar de aprovechar la única vía legal que se ha abierto para evitar que el temido concurso le pueda despojar de la razón de ser del club: que el Náutico de Ibiza sea declarado de interés estratégico y relevante para el Puerto de la isla, tal y como se recoge en la Ley del Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General. De aprobarse, este caso podría abrir un precedente para otros clubes alojados dentro de puertos nacionales.
Las instalaciones no sólo sirven como sociedad deportiva dedicada a la vela y al amarre de yates de recreo, aseguran los baleares. Además, funciona como club social que cuenta entre sus afiliados con destacados empresarios de la isla, entre ellos el ex ministro Abel Matutes, según aseguran fuentes conocedoras. Su presidente, Julián Vilás Ferrer, es el administrador de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, además de gestionar dos inmobiliarias (Espartar y Gaxespar) y otras cuatro sociedades más.
"El club ha representado todos estos años el eje de la vida social, incluso para aquellos que no tenían barco", afirmó el diputado del PP por el Partido Popular, Enrique Fajarnés, quien calificó de "grave hecho" la posibilidad de que se pueda abrir un concurso público. "El club es el único agente social que se ha preocupado por promover y potenciar las actividades náuticas".
Según la proposición no de ley del PP, "el aprovechamiento mercantil podría estar por encima del interés social y romper con más de 80 años de historia". El Grupo Socialista rehusó explicar su posición ante el asunto. La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados tiene previsto estudiar el caso el próximo miércoles 16 de diciembre. El Consejo Insular de Ibiza y el Parlamento regional aprobaron recientemente por unanimidad sendas mociones que respaldan la prórroga.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Jiménez de Cisneros recibió el encargo de una de las partes de dar su opinión sobre si el Club Náutico de Ibiza tiene derecho a una nueva prórroga y si la Autoridad Portuaria de Baleares puede eludir convocar un concurso y prorrogar la concesión. En opinión del catedrático, desde un punto de vista legal, no puede caber "ninguna duda sobre la obligatoriedad de convocar el concurso" al que se opone el club y el PP, y asegura que en ningún caso las actividades del club náutico pueden considerarse de interés estratégico.
El Marítimo de Mahón, un antecedente polémico
Las islas Baleares ya cuentan con un precedente de una instalación gestionada por un club privado que salió a concurso tras vencer la concesión pese a la resistencia de buena parte de la sociedad. El anterior caso es el del Club Marítimo de Mahón. En agosto de 2008, la Autoridad Portuaria de Baleares adjudicó a Trapsa Yates (filial de Marsans) la gestión de los amarres durante 14 años y diez meses, con una inversión total de 3,4 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora. La empresa se comprometía a aportar 600.000 euros al año a Autoridad Portuaria (frente a los 397.964 euros fijados en las bases). La decisión, sin embargo, tardó cinco años en tomarse, entre acusaciones de amaño. Una vez fue publicada, el fallo provocó una cascada de recursos, que no finalizaron hasta marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares rechazó las cautelares solicitadas y notificó el desalojo de las instalaciones en 15 días.La adjudicación a Trapsa tampoco ha sido bien recibida por muchos usuarios. Las tarifas se han encarecido y los propietarios de embarcaciones menores de diez metros se han quedado sin su plaza. Trapsa, por cierto, ha sufrido los efectos de la crisis y ha vendido sus negocios de varada y botadura de barcos en Palma y se ha desvinculado de lo concerniente a la Marina de Ibiza, aunque mantiene el Club Marítimo de Mahón.
Historia
La asociación ibicenca se creó en 1925. Apenas dos años después lograría la concesión, que en un principio iba a ser indefinida.Una orden ministerial de 1970 redujo esa concesión a 40 años, que finalizará en octubre próximo.