Castilla y León puede imponer a las eléctricas una tasa medioambiental
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha informado a la Junta de Castilla y León que su decisión de gravar con un impuesto medioambiental a las eléctricas de su territorio es del todo legal. En cuanto al efecto sobre la tarifa de este tributo, Industria "podría" aplicar un suplemento territorial a las tarifas reguladas, si bien no lo ha hecho en los pocos casos que existen.
El consejo de administración de la CNE aprobó ayer un informe sobre la consulta que, a finales de enero, le cursó la Junta de Castilla y León sobre la legalidad o no de aplicar una tasa medioambiental a las compañías eléctricas ubicadas en su territorio. Y también sobre las consecuencias que este gravamen tendría en la factura eléctrica para los clientes de la región. Tanto el Ejecutivo como los grupos parlamentarios de esta comunidad autónoma, habían acordado en enero estudiar la posible aplicación de dos impuestos, uno a la producción hidroeléctrica y otro a las redes de alta tensión, que afectarían esencialmente a Iberdrola y REE, pero siempre condicionados a la respuesta de la Comisión.
Pese a que la Consejería de Industria de Castilla y León había anunciado que las tasas se aplicarían a esas dos actividades, en la consulta planteada solo se hacía referencia a "actividades que desempeñen las compañías eléctricas, en particular, la producción de energía". Respecto a los efectos sobre el coste para los consumidores, esta comunidad autónoma preguntaba si las eléctricas podrían responder con un recargo en la factura eléctrica y si el Ministerio de Industria podría imponer un suplemento territorial.
La respuesta que el organismo regulador ha dado a la primera cuestión es sencilla: efectivamente, según la Ley del Sector Eléctrico y la doctrina de distintos tribunales, la Junta puede establecer un tributo medioambiental a la generación eléctrica, de hecho, ya hay varios casos, como el de Extremadura, que grava desde hace varios años el impacto medioambiental de las torres de distribución eléctricas.
En cuanto a las tarifas, según la ley del sector, en el caso de que las actividades eléctricas sean gravadas con tributos de carácter autonómico o local, se "podría" (o no) aplicar un suplemento terriorial tanto a la tarifa de acceso (peajes) como a la tarifa de último recurso. Pero se trata de una potestad que, en ningún caso, pueden ejercer las eléctricas, sino el Ministerio de Industria, que es el que fija estos precios regulados. Se da la circunstancia de que el ministerio no ha aplicado ningún recargo en la tarifa en las comunidades con tasas medioambientales sobre la electricidad, si bien, ninguna afecta a la producción eléctrica, sino a las redes.
Para analizar la repercusión de un impuesto sobre el precio de la energía hay que tener en cuenta el tipo de producción que se pretenda gravar, ya que al ser el pool eléctrico un mercado marginal, hay tecnologías como la nuclear o la hidráulica que, por tener costes variables muy reducidos o casi nulos, no son determinantes en la fijación del precio final (por ello se las llama inframarginales), en el que influyen las tecnologías más caras, como el gas o el carbón. Por tanto el precio final se vería afectado por el tributo cuando, como consecuencia de éste, la instalación pase de inframarginal a marginal.
La CNE recuerda también que en el mercado liberalizado las empresas comercializadoras "pueden establecer los precios que tengan a bien", conforme a la concurrencia.
La negra venganza por el maltrato al carbón
La idea de la Junta de Castilla y León de establecer una tasa medioambiental a la generación eléctrica (sus responsables aludieron expresamente a la energía hidráulica y las redes de alta tensión) ha sido interpretada por algunos como una venganza del Gobierno de Juan Vicente Herrera contra las grandes eléctricas. El año pasado, Endesa Iberdrola y Gas Natural Fenosa, atacaron duramente, incluso ante los tribunales, las medidas del Gobierno de apoyo al carbón nacional, que afectan especialmente a la comarca de El Bierzo.Esto provocó que, responsables de la Junta castellanoleonesa, amenazaran a las compañías, en un claro "arrieros somos..". En el caso de que se aplique algún impuesto medioambiental, éste afectaría especialmente a Iberdrola, la distribuidora de la región, con la mayor central hidroeléctrica de España, la de Aldeadávila (Salamanca). Se librarían Endesa y Gas Natural Fenosa, propietarias de las grandes centrales térmicas de carbón de la región, a las que, como ya ha avanzado la Junta, no se les va a castigar con tributo alguno. Por su parte, la única central nuclear de la región, la de Santa María de Garoña, tiene los días contados.Otra interpretación, quizá más adecuada, es que la medida respondería a las necesidades de financiación del Gobierno de Herrera.Según la doctrina del Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas pueden crear tributos, con los siguientes límites: que sean sobre actividades en las que son competentes; que no se vulnere la libertad de circulación de personas y bienes y que no supongan una doble imposición. Este podría ser el caso de las instalaciones hidráulicas, que están sujetas a un régimen de concesión por el que ya pagan un canon al Estado.
Ya hay seis tributos
En estos momentos, en España existen seis tributos de tipo medioambiental en otras tantas comunidades autónomas, entre ellas, Extremadura, que grava el impacto de las torres eléctricas.El tributo más activo es, probablemente, el de Galicia, por el que la Xunta recaudó el año pasado 17 millones de euros. Por ninguno de ellos Industria ha fijado ningún suplemento en la tarifa.