Castilla y León estudia una tasa a la hidráulica y las redes de alta tensión

La Junta de Castilla y León parece dispuesta a cumplir su amenaza de aplicar una tasa a las grandes eléctricas. Para ello, el Gobierno regional ha dado los primeros pasos y ha remitido una consulta a la Comisión de la Energía (CNE). En la consulta, la Junta solicita la opinión del regulador energético si sería legal aplicar un gravamen medioambiental a la producción hidroeléctrica y a las redes de transporte de alta tensión en su comunidad.

Según fuentes conocedoras de la solicitud, el Gobierno castellanoleonés supeditaría la aplicación de esta tasa a una respuesta positiva de la comisión. También, según informaciones publicadas en la prensa regional, estaría condicionada a que el coste de esta tasa no sea repercutido al precio final de la energía por las empresas afectadas, esencialmente Iberdrola y Red Eléctrica. Quedarían al margen las pequeñas hidráulicas y a las redes de distribución.

De ser cierta esta última condición, la medida no prosperaría, pues las empresas repercuten todos los costes de su producción hidráulica en el mercado o en las subastas que fijan la tarifa de último recurso. También el coste de la tasa se trasladaría a la retribución de la actividad del transporte de alta tensión, que explota REE, y que se paga en la tarifa de acceso.

Sobre la legalidad de las tasas, hay juristas que consideran que es conforme a derecho, y otros que le ven problemas. Concretamente, en el caso de la generación hidroeléctrica se produciría una doble imposición que sería del todo inadmisible. Y es que la explotación de los saltos de agua son concesiones por los que las compañías que las reciben ya pagan un canon al Estado.

Con todo, la medida en estudio ha sido consensuada por la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios, que han acordado a principios de esta semana la posibilidad de crear dos nuevos impuestos. La tasa a las plantas hidroeléctrica afectaría al 15% de energía que se produce en la comunidad.

La propuesta del Gobierno de Castilla y León no afectaría a la producción con carbón, para no castigar una actividad de peso en la región que arrastra ya serios problemas por la falta de competitividad de este mineral. Además, el real decreto del Gobierno para incentivar el consumo de este mineral a un precio regulado sigue sin aplicarse debido a los recursos que mantienen Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa en el Supremo y el Tribunal de la Unión Europea.

Pese al pacto sellado entre las empresas e Industria, por el cual el ministerio decidió pagar el lucro cesante a las centrales de gas y carbón de importación afectadas por el decreto de ayudas al carbón nacional, las eléctricas solicitaron el pasado día 10 la prolongación de las medidas cautelares que Luxemburgo les concedió en noviembre. Eso sí, se vieron obligadas a hacerlo para no enfadar del tribunal que les había otorgó cautelarísimas en un gesto casi sin precedentes, aunque su deseo ahora es que no se las otorguen para cumplir con el pacto con el ministerio, según fuentes jurídicas. Por su parte, el Parlamento Europeo estudió ayer la posibilidad de personarse en dicho pleito. La inesperada irrupción de la Eurocámara pretende apoyar a la CE que el pasado septiembre autorizó dichas ayudas.

Precisamente, la impugnación de las eléctricas hizo que el Gobierno de Castilla y León las amenazara con tomar medidas. Pero las tasas que ahora se estudian, responderían, sin embargo, a sus necesidades de financiación.