Cárteles, víctimas y 23.000 millones de euros
Empresas y consumidores, europarlamentarios de derecha e izquierda, y hasta los mismos miembros de la Comisión Europea, pugnan estos días en Bruselas por abortar o sacar adelante un proyecto sin precedentes en la legislación comunitaria.
En juego, decenas de millones de euros que podrían cambiar de manos si la temida y deseada directiva sobre "normas para gobernar las acciones de daños y perjuicios por infracciones al articulo 81 y 82 del Tratado" acaba por ver la luz.
Para los partidarios, encabezados por la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, la nueva ley garantizará por primera vez en toda la Unión Europea que las víctimas de las violaciones al derecho de la competencia puedan reclamar daños y perjuicios a los infractores.
La comisaria, que entre 2004 y 2007 multiplicó por 10 las multas impuestas a carteles empresariales, está convencida de que sólo así podrán recibir compensación las decenas de empresas o miles de clientes que pagaron más caro de lo debido sus suministros o sus productos por culpa del pacto ilegal entre los proveedores.
En el campo contrario, las multinacionales de uno y otro lado del Atlántico imploran al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, que frene un mecanismo de compensación que, a su juicio, sólo servirá para enriquecer a los despachos de abogados como ocurre en EE UU.
El botín en juego, para unos y otros, es descomunal. Los estudios previos al proyecto de directiva realizados por la CE estiman que el daño anual causado a clientes y consumidores finales por los cárteles de escala comunitaria oscila entre los 13.000 y los 37.000 millones de euros. Las cifras se disparan hasta los 25.000 y los 69.000 millones, respectivamente, si se añade el impacto de los cárteles nacionales. Los mismos estudios señalan que ningún mecanismo de compensación permitirá resarcir plenamente a todas las víctimas, entre otras cosas, porque sólo se descubren entre el 10% y 20% de los cárteles que operan, y porque no todos los perjudicados reclamarán daños y perjuicios.
Aún así, las estimaciones de la CE apuntan que ahora los damnificados podrían estar dejando de percibir 5.700 millones de euros, en base a la hipótesis más prudente, y hasta 23.300 millones, con un escenario menos conservador. Si la directiva de Kroes llega a aprobarse, las víctimas podrán pasar esa factura a los integrantes de los carteles... aunque pierdan una parte en la minuta de los abogados.
En realidad, las víctimas tienen reconocido el derecho a esa indemnización desde el Tratado de las Comunidades Europeas firmado en 1958 y por la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea. Pero en la práctica, según Bruselas, las indemnizaciones nunca llegan porque las víctimas se estrellan contra una insuperable muralla de normas administrativas y procedimientos judiciales.
La nueva ley sólo aspira a allanar el camino de las potenciales reclamaciones. Pero su tramitación y, mucho más, su hipotética aprobación, ha desencadenado una campaña en contra que, de momento, mantiene el proyecto en el cajón de Kroes.
El mandato de la comisaria expira el próximo 31 de octubre. Y aunque continuará en funciones en el cargo hasta finales de año, la holandesa dispone de poco tiempo para rematar el proyecto estrella de sus cinco años en Bruselas. En busca de la luz verde, Kroes ha cambiado la base legal de la directiva para que el Parlamento europeo pueda intervenir en la tramitación. Pero ni siquiera con esa concesión ha logrado todavía que la directiva salga de su cajón y aterrice en la reunión semanal de la CE.
La suerte definitiva del texto depende de Barroso. Y sobre él arrecian las presiones de ambos lados.
Monique Goyens, directora general de la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores, ha dirigido una carta al portugués para advertirle que si retira el proyecto se expone "a enormes críticas y una falta de confianza fundamental en los anuncios y compromisos de la Comisión".
Desde el grupo socialista europeo, el eurodiputado español Antolín Sánchez Presedo también ha señalado que "Barroso no puede someterse a las presiones de lobbies minoritarios que pretenden la inmunidad y la ineficiencia".
Pero a primeros de mes, sólo unos días antes de aplazar por primera vez la aprobación del proyecto, la Cámara de Comercio de EE UU también se dirigía por escrito a Barroso para alertarle de que los bufetes estadounidenses ya "están listos para expandir su lucrativo modelo de negocio y aprovechar la directiva para traer a Europa un sistemático abuso de las reclamaciones".