Cajasur ve anomalías en la gestión del anterior director general

La investigación iniciada en Cajasur a instancias del Banco de España y de la Junta de Andalucía tiene de momento su epicentro en las presuntas irregularidades cometidas por el ex director general Francisco Jurado, que dejó este puesto en 2005 tras el expediente abierto por el Banco de España por riesgo inmobiliario, según explican fuentes oficiales de la entidad. Sin embargo, el directivo se mantuvo en la caja hasta hace sólo un mes como máximo responsable de la participada informática Aconsa. La apertura de una auditoría en 2006 y de un expediente disciplinario animaron a Jurado a dar por finalizada su relación con Cajasur de forma voluntaria y sin exigencia de indemnización.

Las sospechas del Banco de España, cuyos técnicos han seguido revisando las cuentas esta misma semana en la sede cordobesa de la entidad, arrojaron el jueves las primeras certezas con la presentación de sendos informes por parte de la auditora habitual Deloitte y de Cuatrecasas en el consejo extraordinario que concluyó con la destitución del jefe de Participadas, Francisco Rodríguez.

Según Cajasur, estas primeras conclusiones de la auditoría extraordinaria, para la que se han contratado los servicios de Cuatrecasas, apuntan a que Jurado habría impulsado la creación de unas empresas que luego habría beneficiado desde su puesto con financiación privilegiada. Además, este directivo, según otras fuentes, podría controlar empresas paralelas que intermediaban en operaciones de la entidad, principalmente en el campo inmobiliario e informático. Este periódico trató ayer sin éxito recabar la versión de Jurado.

Las fuentes oficiales de Cajasur, que dan por hecho que no habrá expediente del Banco de España, reiteran que la auditoría proseguirá su labor 'hasta el final, hasta que se depuren todas las responsabilidades directivas'. Se trata, añaden, de un compromiso personal del nuevo presidente Santiago Gómez Sierra. No se descarta que la investigación culmine con una denuncia en los tribunales contra el ex director general si los auditores detectan delitos penales.

Tanto las citadas fuentes de la caja como la Consejería de Economía aseguraron ayer que la investigación en marcha derivada de la inspección del Banco de España es una iniciativa de la propia entidad y no de la Consejería de Economía.

Fuentes próximas al Gobierno andaluz señalan sin embargo que la auditoría la ha puesto en marcha la caja a petición expresa de la Junta.

El presidente Manuel Chaves salió ayer al paso de la polémica asegurando que la Administración autonómica respalda, sin paliativos, que Cajasur, en el ejercicio de 'su autonomía e independencia', lleve a cabo una auditoría interna de sus cuentas, para así 'conocer en qué situación se encuentra'.

Chaves, que precisamente ayer participaba en un acto en Córdoba, añadió que 'después de una etapa un poco convulsa en relación con Cajasur, esta caja de ahorros entró en un proceso de normalidad, y ese proceso es visible en estos momentos'.

Chaves también insistió en que no se trata de una auditoría ordenada por la Junta sino decidida por la propia caja.

También los sindicatos restaron importancia a la nueva crisis desatada en la caja cordobesa. UGT y CC OO consideraron que la entidad está cumpliendo las recomendaciones del Banco de España para desconcentrar riesgos y reducir sus inversiones en el sector inmobiliario.