Caja Madrid elimina el bonus de 25 millones para la anterior dirección
Caja Madrid ha decidido no ejecutar el plan de incentivos que preveía el pago de 25 millones de euros a 10 miembros del anterior equipo directivo. Mientras, PP y PSOE empiezan a acercar posturas sobre el decreto de solvencia que afectará a las cajas especialmente.
El consejo de administración de Caja Madrid aprobó ayer por unanimidad "finalizar, no renovar y no reconocer", el derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección de la entidad durante el periodo 2007-2010.
La decisión del máximo órgano de gobierno de la entidad se ha basado en dos argumentos: su incompatibilidad con la percepción de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la existencia de legislación europea sobre la materia que afectará a esta cuestión cuando se traslade a la normativa española.
Esta decisión se produce después de que la Comunidad de Madrid trasladara a Caja Madrid su oposición al pago de bonus a 10 directivos de la caja, entre ellos el expresidente, Miguel Blesa, que se embolsarían 25 millones de euros en virtud de un plan de incentivos impulsado por el propio Blesa. Su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, ha decidido acabar con estos bonus.
Además de Blesa, figuran entre dichos directivos, el actual director de participadas de Caja Madrid, Matías Amat, y el director de riesgos, Ildefonso Sánchez. Asimismo, el plan incluye a Ramón Ferraz, Juan Astorqui, Carlos Martínez, Rafael Spottorno, Mariano Pérez Claver y Carmen Contreras.
Los exdirectivos decidirán a partir del próximo 1 de abril si demandan el cobro de sus sobresueldos por la vía judicial o si negocian con la entidad. No obstante, descartan plantear una demanda conjunta porque los planes de incentivos tenían carácter individual.
Mientras tanto, Gobierno y PP han acercado posturas de cara a la aprobación de un real decreto sobre solvencia bancaria, que afectará especialmente al sector de cajas. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, mantuvo ayer un encuentro con una delegación popular tras el que ha asegurado que se "sigue trabajando y será posible" el acuerdo.
No obstante, el Ejecutivo sostiene que no hay margen para modificar el grueso de la reforma, que establece un requisito de capital del 8% para las entidades financieras, que se eleva al 10% para aquellas que no estén sometidas al escrutinio del mercado y dependan de la financiación mayorista.
Fuentes parlamentarias del PP apuntaban ayer que el Gobierno acabará cediendo en algún punto "porque necesitan el consenso a toda costa".