Cadbury cierra la fábrica de chicles Trident en Cataluña

El sector de la confitería tampoco es inmune a la deslocalización. La multinacional Cadbury comunicó ayer el cierre de su planta de chicles Trident de El Prat de Llobregat (Barcelona), lo que supone el despido de los 170 empleados que trabajan en la factoría. El grupo trasladará la producción de la planta catalana a otras instalaciones del grupo en Europa, principalmente a Polonia, aunque también a Francia y Rusia.

La multinacional ha decidido, no obstante, que en Barcelona se mantengan un centenar de trabajadores pertenecientes a la estructura comercial, financiera y de marketing de la compañía así como el centro de toma de decisiones en España. Cadbury, propietaria de marcas de confitería como Trident, Halls, Huesitos, Tokke o Respiral, manifestó su predisposición a abrir un proceso de diálogo y negociación con los representantes legales de los trabajadores con el objetivo de minimizar el impacto del cierre.

La multinacional aseguró en un comunicado que 'siempre se ha distinguido por crear un clima de diálogo, respeto y entendimiento con los representantes de los trabajadores' y mostró su 'total confianza' en mantener la misma línea en el proceso que ahora inicia con los trabajadores de Trident.

El anuncio de cese de la actividad sorprendió a los representantes de los trabajadores. El responsable de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras en Cataluña, Miguel Ángel Domínguez, aseguró que no existían 'indicios de bajada de producción ni problemas económicos' que hicieran prever el cierre. Domínguez aseguró que el sindicato se opondrá a los despidos 'injustificados'. Por su parte, la responsable de la Federación Agroalimentaria en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat, Ester Espigares, lamentó que los planes de la multinacional pasen por llevar la producción de los chicles 'a una nueva fábrica enorme en Polonia', cuando el negocio en Barcelona 'va bien'.

El comité de empresa y la dirección de Cadbury mantendrán el viernes la primera reunión, en la que los representantes de los trabajadores esperan que la compañía aporte 'algún tipo de documentación' que explique y justifique el cese de la actividad.