La CNE respalda la normativa para las fotovoltaicas propuesta por el Gobierno

El consejo de la Comisión Nacional de la Energía aprobó ayer por mayoría respaldar la propuesta de real decreto de retribución de la energía fotovoltaica para las instalaciones que se pongan en marcha después del 30 de septiembre de 2008. Una norma polémica que implica una reducción de las tarifas de estas plantas (el 27% y el 36%, respectivamente, para las ubicadas en tejados o en el suelo, cuya retribución queda en 33 y 29 céntimos kWh, cada una), así como de la cantidad y potencia de las nuevas instalaciones 'objeto de retribución'.

El borrador, que el consejo de ministros podría aprobar el viernes una vez superado el trámite de la CNE, establece un registro de preasignación de retribución, adscrito al ministerio, que fija una potencia máxima de los nuevos proyectos (2 MW sobre tejados y 10 MW en suelo) así como un límite de potencia anual (200 MW, en el primer caso, y 200 MW, en el segundo).

La CNE, que critica duramente 'la prolongada ausencia de regulación', que ha llevado a que se supere con creces el objetivo previsto en la planificación para la fotovoltaica, considera 'positivamente' el mecanismo elegido por el ministerio (el método alemán) de 'disminución gradual de la tarifa aplicable a las tecnologías poco maduras para orientarlas a la disminución de costes', pero más flexible que aquél.

El regulador, no obstante, hace algunas matizaciones al texto. Una de las más relevantes, es que se establezcan requisitos e incentivos a la hora de autorizar estas instalaciones, para que se promueva 'la mejora de la calidad de la energía producida y la aportación de servicios complementarios', que hoy, con la compra masiva de tecnología de baja calidad, no se consigue.

Entre dichos requisitos, señala el informe de la CNE, figuran 'la obligación de suministro de programas de funcionamiento, la obligación de adscribirse a centros de control, de soportar huecos de tensión o el derecho a percibir un complemento retributivo por el control de tensión'.

La CNE denuncia el hecho de que la fuerte demanda de módulos fotovoltaicos no haya derivado en una reducción de los costes por las economías de escala que conlleva. Ello se explica, según el informe, porque en este sector los promotores no suelen coincidir con los titulares de las instalaciones, 'por lo que la reducción de costes se trasladan a ritmo muy lento a los segundos'. En este sentido, considera que la norma está bien orientada.

La CNE propone además establecer un periodo transitorio desde el 30 de septiembre y el 31 de diciembre en el que no se aplique el objetivo de cantidad (que se hace de forma trimestral) y que en 2009, desde la primera convocatoria, se puedan cubrir los objetivos tanto de instalaciones para ese año, como de proyectos. El reparto para ese año debe ser distinto: 50 MW para tejados y 250 MW para suelo, para ir aplicando gradualmente la propuesta del real decreto a partir del año 2010.

Otra de las propuestas, es que las instalaciones de mayor potencia que no tengan generador síncrono o cuya evacuación a la red se realice con un convertidor electrónico, deberían estar obligados a soportar huecos de tensión.

Asimismo, pide que se incluya una disposición transitoria para que en los huertos fotovoltaicos existentes, se simplifique la gestión administrativa que afecta a terceros respecto a las mediciones eléctricas y las liquidaciones de energía.

En la medida en que las plantas incrementen su potencia, el regulador cree conveniente establecer 'una prima, un techo y un suelo' para evitar discriminaciones con el resto de tecnologías, como la eólica. Asimismo, cree que se debería eximir del depósito de un aval a las instalaciones ubicadas en el suelo, 'pues no requerirían desarrollos de la red'.

En cuanto a la potestad sancionadora en el caso de incumplimiento de la normativa, el regulador energético advierte de que no ha encontrado 'ningún supuesto legal en el puedan tener encaje' algunas de las conductas punibles, que establece el real decreto.