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El plan de inspección de instalaciones del régimen especial que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó en diciembre de 2008 para el periodo 2009-2010 (hasta junio) sigue arrojando luz sobre el alto porcentaje de irregularidades que se han cometido, especialmente entre las fotovoltaicas. Así, en las últimas entregas de las actas de las inspecciones que realiza la empresa pública Tragsa, que han sido elevadas al consejo de la CNE en poco más de un mes se mantiene la misma tónica: aproximadamente un 85% de las plantas investigadas tenían alguna anomalía.

De las 4.370 instalaciones que deben ser inspeccionadas según el plan a la vista de los datos de las distribuidoras, desde el 8 de junio se han levantado acta de 865 plantas fotovoltaicas, de las cuales, se detectaron irregularidades en 737 de los casos. En este tiempo se han analizado también 23 parques eólicos y 29 cogeneradoras, que no han corrido mejor suerte que las solares.

Desde que comenzaron las investigaciones, con las que Industria pretende averiguar si las instalaciones están cobrando una tarifa que no les corresponde (por haber sido inscritas y haber entrado en funcionamiento antes del 30 de septiembre de 2008, en que un cambio legal redujo las primas que reciben), el regulador energético ha visado ya 2.872 inspecciones fotovoltaicas, 29 cogeneradoras y 23 eólicas.

Todas ellas han sido remitidas, a su vez, alMinisterio de Industria, con propuestas que varían en función del tipo de anomalía.

En los casos más graves (cuando se haya realizado una tramitación incompleta o impropia del acta definitiva de puesta en servicio de la instalación) la CNE considera que se les debería aplicar la tarifa del RD 1578 de 2008 y no lamás sustanciosa del RD 661 de 2007. En este sentido propone alministerio que estas plantas devuelvan las cantidades cobradas de más mediante "la reliquidación (recálculo) de la energía vendida en los años 2008, 2009 y 2010", de acuerdo con el régimen económico correcto (el del RD 1578).

Todo ello, señala el regulador, sin perjuicio de las actuaciones que el propio ministerio y las comunidades autónomas deban incoar en aplicación de sus competencias. La norma permitiría al Gobierno castigar a estas instalaciones dejándolas fuera del sistema regulado de primas, aunque podrían seguir vendiendo en el mercado libre. Sin embargo, Industria se resiste a aplicarla pues podría abrir un conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

En el caso de anomalías en los equipos de medida, muchos de los cuales, mostraban defectos en el precintado, el regulador plantea que se trasladen estas incidencias a las comunidades para que puedan incoar posibles procedimientos sancionadores.

Por su parte, respecto a las incidencias sobre la documentación, muchas veces incompleta, también considera que los gobiernos regionales que autorizaron la puesta en marcha de la instalación son los que deben "obrar en consecuencia".