La CNE pide que el bono social se establezca según criterios de renta
La Comisión Nacional de Energía (CNE) considera que la aplicación del bono social eléctrico debe establecerse según criterios de renta y no en función de la potencia contratada.
El consejo de administración del regulador energético, que examinó en su última reunión la propuesta de resolución por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social, señala que ésta puede discriminar a determinados colectivos de consumidores del disfrute de derechos tales como la aplicación de la TUR por defecto y del bono social.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril un Real Decreto por el que congelaba hasta 2012 el recibo de la luz a través de un nuevo bono social del que se podrán beneficiar potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, perceptores de pensiones mínimas y hogares con todos los miembros en el paro.
En total, cinco millones de hogares y 14,5 millones de personas podrán beneficiarse de esta medida, cuyo coste asumirán las compañías eléctricas como parte de su acuerdo con el Ministerio de Industria para poner fin al déficit de tarifa.
Así, según el criterio de la CNE, deben tener derecho a la tarifa de último recurso (TUR) y al bono social todos aquellos consumidores con potencia contratada inferior a 10 KW con independencia al distribuidor que estén conectados.
Además, el consejo de administración del organismo presidido por María Teresa Costa rechaza la interpretación de que las empresas distribuidoras de la Disposición Transitoria 11 puedan transferir sus clientes a un suministrador que no sea de último recurso en el caso de que el consumidor no haya elegido de forma expresa comercializadora de último recurso (CUR), ya que de mantenerse esta interpretación, los consumidores transferidos a una comercializadora libre al mercado no podrán acceder al bono social.
Igualmente, en caso de mantenerse la aplicación automática del bono social a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW, la CNE propone que sea obligatoria la instalación de interruptor de control de potencia, de forma análoga a lo que actualmente es de aplicación a los consumidores que desean acogerse a la tarifa social.