La CMT considera abusivo el cobro al usuario por cancelar la portabilidad móvil
Una resolución aprobada la pasada semana por el consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), todavía bajo la presidencia de Reinaldo Rodríguez, ha dejado claro que cobrar a los usuarios por cancelar una portabilidad móvil o exigirle el pago de un depósito "podrían ser consideradas como cláusulas abusivas por la autoridad jurisdiccional competente". En un post publicado en su blog corporativo, el regulador indicó que esta situación afectaría tanto a las operadoras como a las tiendas que comercialicen sus servicios.
La resolución de la CMT ha venido en respuesta a una consulta planteada por Telefónica sobre estas prácticas. El regulador señaló que la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios "no permite penalizar a los usuarios en caso de desistimiento del contrato". Al aplicar este principio a la cancelación de una portabilidad, la CMT interpretó "que no se puede cobrar ningún importe, ni tampoco fijar garantías o anticipos de pago previos a la prestación del servicio" que sirvieran para compensar al operador si se cancela la portabilidad.
Además, la CMT señaló que, en el caso de la portabilidad móvil, los operadores no se cobran nada entre ellos si la portabilidad no se lleva a cabo. Por este motivo, el regulador explicó que "no le resulta razonable que se impute al usuario cuota alguna como consecuencia de la cancelación de su solicitud de portabilidad".
Además, la CMT recordó que lo que establece la actual normativa de telecomunicaciones es que, si se cobra alguna cuota a los usuarios, "no deberá tener, en ningún caso, efectos disuasorios". En este sentido, la resolución de la CMT advirtió que los 50 euros que cobra The Phone House o los 30 euros que cobran las empresas comercializadoras de Orange "podrían suponer una traba práctica para los usuarios que les limite la libertad de opción".
A su vez, la CMT explicó que los operadores sí que se cobran entre ellos si se cancela una portabilidad fija, en concreto, 0,41 euros. Y añadió que las compañías podrían repercutir este coste a los usuarios, porque "no se considera que este importe sea disuasorio".