La CMT advierte de la incertidumbre regulatoria en las directrices europeas de ayuda estatal al despliegue de redes
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) advierte que las directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha, lejos de crear "seguridad jurídica", introducen una importante "incertidumbre regulatoria", ya que los operadores pueden verse sujetos a dos tipos de regímenes regulatorios que podrían no ser "coherentes" entre sí.
En un informe del Consejo de la CMT, el órgano presidido por Reinaldo Rodríguez expone que las líneas expuestas por la Comisión Europea ''chocan frontalmente'' con el marco normativo europeo de las comunicaciones electrónicas al sugerir análisis distintos de los resueltos por las autoridades de cada país.
En concreto, el órgano regulador de telecomunicaciones considera que las líneas marcadas pueden suponer análisis geográficos de mercados y una imposición de obligaciones distintos de los resueltos por las Autoridades Nacionales de Reglamentación.
El informe argumenta que dichas directrices, publicadas el pasado 19 de mayo y donde se formulan una serie de criterios aplicables por las administraciones públicas territoriales para la concesión de ayudas y el uso de fondos públicos para el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación, contienen "determinadas declaraciones" que son de política regulatoria y de fomento de un determinado modelo de inversión de redes.
La CMT destaca que si los organismos reguladores nacionales se encuentran revisando mercados e imponiendo las obligaciones adecuadas en cada momento, cualquier otra obligación que se imponga unida a la concesión de ayudas debería ser "consistente" con la regulación existente y para ello las Autoridades Nacionales Reglamentarias deberían controlar la imposición de tales obligaciones.
Asimismo, el órgano regulatorio destacó que, "frente a lo que sería deseable", las directrices no establecen una jerarquía de actuaciones públicas que incentivara las actuaciones menos "intervencionistas" en el mercado, frente a las más "intrusivas", sino que se limitan a prever las condiciones bajo las que podrán permitirse ayudas públicas a intervenciones de las del segundo grupo.
En cuanto a las actuaciones de las Administraciones Públicas mediante fondos públicos, la CMT señala que comparte el enfoque general de que las actuaciones de las administraciones públicas mediante fondos públicos podría "distorsionar" los mercados, que por si solos garantizan el resultado "más eficiente" posible.
El órgano regulador puntualiza en su informe que, siempre que la valoración sea realizada con la prudencia reseñada, la CMT aprueba la actuación de los poderes públicos para fomentar que las redes de nueva generación se desplieguen en zonas menos pobladas y rurales.
"De hecho el estudio sobre la viabilidad de los despliegues de redes de nueva generación en España presentado en mayo de 2009 ha valorado como deseable la actuación de los poderes públicos al ser previsible que en esas áreas no exista demanda suficiente que incentive la presencia de operadores", aclaró la CMT.