La CE condena la 'acción de oro', pero elude pronunciarse sobre el 'caso Vivo'
La Comisión Europea reaccionó ayer con absoluta frialdad ante las trabas de Lisboa a la oferta de Telefónica por Vivo. Bruselas se limitó a recordar que ya ha denunciado al Gobierno portugués por su acción de oro en Portugal Telecom. Y se remitió a la próxima sentencia del Tribunal de la UE sobre ese expediente.
La CE se desentendió ayer del veto de Lisboa a la oferta de Telefónica por Vivo. Ni siquiera el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, salió en defensa de la compañía española, a pesar de que su departamento es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas comunitarias sobre libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.
La declaración más contundente corrió a cargo de la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, que no tiene competencias en la materia. Kroes, antes de que se conociera el veto a la operación, recomendó en Madrid a los Gobiernos "no tomar medidas proteccionistas que están pasadas de moda".
Tras el veto, la portavoz de Barnier tan sólo remitió una "reacción al supuesto uso de la acción de oro por parte del Gobierno portugués". El texto se limita a recordar la posición de Bruselas contraria a la existencia de los derechos especiales que "restringen injustificadamente" ciertas operaciones.
La declaración no incluye ni una sola crítica a la intervención lisboeta para intentar frenar la adquisición de Vivo, compañía de telefónica móvil brasileña participada por Telefónica y PT, por parte de la operadora española
El comunicado de la portavoz de Barnier tan sólo "toma nota de los últimos acontecimientos que parecen indicar que el Gobierno portugués ha activado el uso de su golden share". Y remite a una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, prevista para el 8 de julio, que resolverá la denuncia de la Comisión contra la acción de oro de Lisboa en PT.
Ese veredicto, con toda probabilidad, condenará a Portugal por mantener 500 acciones especiales. En ese sentido apuntan el dictamen preliminar sobre el caso (emitido por uno de los Abogados Generales del Tribunal en diciembre del año pasado), y las precedentes sentencias sobre acciones de oro (salvo una de Bélgica, que logró el respaldo a su derecho de veto a posteriori en el sector energético). Pero Barnier debería saber, aunque lleve poco tiempo en el cargo (desde febrero), que todas esas sentencias han tardado meses o años en acatarse.
La cifra
3 demandas ha planteado la Comisión Europea contra Lisboa ante el Tribunal de la UE por acciones de oro en PT, Galp y Energías de Portugal.
Una batalla legal que tiende a eternizarse en Europa
Bruselas indicó ayer que prefiere esperar a la sentencia del Tribunal de la UE sobre la acción de oro del Gobierno luso en Portugal Telecom "para analizar el veredicto y extraer las conclusiones oportunas". Pero la experiencia indica que la vía judicial para acabar con el derecho de veto gubernamental tiende a eternizarse porque los Estados suelen retrasar la decisión. Por ejemplo, la última sentencia sobre Portugal, relativa a limitaciones de inversión en el sector financiero, se dictó en junio de 2002. Pero Lisboa no completó legales exigidos hasta julio de 2004. España tardó aún más, tres años, en acatar la sentencia de 2003 que anuló la acción de oro en Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa.