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El ejecutivo de la UE considera que, al fijar determinados requisitos para autorizar la OPA de E.ON, las autoridades españolas violaron el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las operaciones de dimensión comunitaria.

La Comisión dictaminó, primero en septiembre y después en diciembre de 2006, que varias de las medidas (fijadas en primer término por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente modificadas por el Ministerio de Industria) eran incompatibles con la legislación comunitaria.

Bruselas solicitó su retirada y, al negarse las autoridades españolas, decidió abrir un procedimiento de infracción, que culmina ahora con la denuncia ante la corte europea.

Para el ejecutivo de la UE, las medidas más preocupantes son: obligar a E.ON a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

La tranquilidad del Gobierno

Las autoridades españolas niegan que esas condiciones sean contrarias a la normativa europea y aseguran que su objetivo es garantizar el suministro energético, ámbito que, en su opinión, corresponde a las autoridades nacionales y no a las comunitarias.

Desde Madrid se ha asumido con naturalidad que esta disputa se dirima ante el Tribunal de la UE y, en esa línea, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, dijo ayer que las diferencias con Bruselas constituyen "más un debate conceptual que algo que entorpezca la OPA".

En cualquier caso, dado que la corte puede tardar hasta dos años en dictar sentencia, parece claro que sea cual sea el resultado de esta disputa no tendrá mucho efecto en la pugna por el control de Endesa.