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Industria modificará el real decreto

Bruselas autoriza las ayudas al carbón pero rechaza las del gas

La CE considera que las medidas del Gobierno para incentivar la generación eléctrica con carbón nacional son una ayuda de Estado "compatible" con la normativa comunitaria. Sin embargo, no acepta el lucro cesante que recibiría la producción con gas, al ser desplazada en el mercado por el carbón, que será prioritario.

El polémico real decreto por el que el Gobierno quiere dar salida al fuerte excedente de carbón nacional que se acumula en los terrenos de las centrales térmicas y de las propias minas debido a la fuerte caída de la demanda ha recibido el visto bueno de Bruselas. En trámite desde el pasado otoño, el real decreto fue notificado el pasado mes de diciembre (o prenotificado, tal como reconoció el Ministerio de Industria) a la Comisión Europea, tras la recomendación expresa de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y del propio Consejo de Estado.

Finalmente, según el dictamen a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, la Dirección General de la Competencia de la CE, que dirige Joaquín Almunia, ha determinado que las medidas por las que se incentiva el consumo del carbón nacional (con un precio regulado y sacándolo del mercado a través de un procedimiento de restricciones por garantía de suministro) son ayudas de Estado "compatibles" con el Tratado de la Unión. El Gobierno se acogía al derecho que tienen los Estados a primar el uso anual de hasta un 15% de fuentes autóctonas para producir electricidad.

Sin embargo, el dictamen de la Comisión encierra algunas sombras, ya que desautoriza el pago del llamado lucro cesante para las centrales de ciclo combinado con gas que, resultando casadas en el mercado diario, sean desplazadas por el carbón cuando la oferta exceda de la demanda. Se trataría de una ayuda de Estado que recibirían las eléctricas sin el amparo legal.

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Esta compensación, que supone desnudar a un santo para vestir a otro, fue incluida para compensar a las empresas que, como Gas Natural o Iberdrola, se verían perjudicadas por los incentivos al carbón, que recibirán 10 centrales térmicas, en sumayoría de Endesa.

Por el momento, el Ministerio de Industria ha elaborado un nuevo borrador de real decreto en el que adapta las recomendaciones de Bruselas al que entró en vigor el pasado 1 de marzo, aunque daba dos meses de plazo hasta su aplicación, alegando que era el tiempo que Red Eléctrica necesitaba para realizar los cambios necesarios para crear elmercado regulado para el carbón.

El nuevo borrador será remitido, quizás hoy, a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para un nuevo informe. En el que ya hizo sobre el texto original, el regulador energético fue muy crítico con las consecuencias medioambientales (las emisiones de CO2 aumentarían un 20%) y económicas (el sobrecoste en la factura de la luz se calculó en 1.200 millones de euros) de la propuesta del Gobierno y muy especialmente por la distorsión que creaba en el mercado eléctrico.

El real decreto incluido en el BOE establece la obligación de las eléctricas de producir 22.000 GWh con carbón a un precio medio regulado de 57,33 euros MWh. Las medidas se aplicarán hasta 2014, salvo que desaparezcan "las circunstancias excepcionales que las han motivado", según el texto.

El cálculo del coste para las centrales afectadas se hará cuando haya variaciones superiores al 20%. En el coste final se incluirá "el coste financiero del carbón autóctono almacenado". También "el coste logístico y de gestión de su almacenamiento estratégico y temporal".

Hunosa ha comprado mineral por 190 millones

El pasado 31 de julio, el Ministerio de Industria aprobaba una resolución, según la cual, se establecía la obligación de Hunosa de comprar y gestionar temporalmente el almacenamiento del carbón que, ya por entonces, saturaba los parques de las plantas térmicas, sobre todo las que Endesa y Gas Natural tienen en la comarca del Bierzo.La medida, que se articuló a través de una línea de crédito del ICO a Hunosa, se aprobó por seis meses, en tanto el Gobierno encontraba una solución a unos stocks provocados por el derrumbe de la demanda de electricidad. Posteriormente, y a la vista del retraso en la aprobación de un real decreto que el ministerio remitió para su dictamen a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), al Consejo de Estado y a la Comisión Europea, se volvió a prorrogar hasta el 28 de febrero.Fuentes próximas a Industria calculan que, hasta el 28 de febrero, Hunosa había adquirido casi tres millones de toneladas de carbón, por el que ha pagado 190 millones de euros, frente a los 125 millones de euros desembolsados a 31 de diciembre por 1,7 millones de toneladas. Se calcula que el excedente de mineral alcanza los 10 millones de toneladas: los siete millones que no ha comprado el grupo público siguen en los terrenos de las empresas mineras y las centrales de las eléctricas.Según fuentes del sector, a la vista del retraso en la aplicación del real decreto, del que Industria ha elaborado un nuevo borrador para adaptarlo a la respuesta de Bruselas, el Consejo de Ministros podría aprobar hoy una nueva prórroga hasta el verano para que Hunosa siga adquiriendo el carbón extraído. Así se lo ha pedido la patronal minera Carbunión.

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