Bruselas aprueba el decreto que obliga a las eléctricas a producir con carbón
La Comisión Europea aprobó ayer, tras una intensa batalla política, la decisión del Gobierno español de obligar a las eléctricas a utilizar como fuente de energía el carbón autóctono a precios subvencionados.
Bruselas concluyó ayer que la medida es compatible con la normativa sobre ayudas de Estado y encaja con la directiva comunitaria que permite a los Estados imponer ese tipo de obligaciones a las compañías eléctricas por razones de seguridad de suministro.
España invocó esa cláusula para justificar una medida transitoria que, según el Real Decreto, expirará en 2014. La Comisión Europea indicó ayer que el Gobierno español "se ha comprometido en firme a no prorrogar" ese plazo, aunque las fuentes jurídicas externas a la Comisión relativizan el carácter vinculante para la administración española de ese compromiso.
En todo caso, la CE asegura que ha comprobado que hasta finales de 2010 la producción eléctrica afectada no superará los 9,6 teravatios hora. Y en el resto del periodo en vigor pendiente (2011-2014) rozará los 23 teravatios hora, lo que equivale al 9% del consumo nacional. La directiva invocada por España permite exigir que el 15% del consumo se cubra con fuentes de energía autóctonas.
Además de todas verificaciones legales y económicas, el expediente ha sufrido una durísima criba política alentada desde dentro y fuera de la Comisión.
En el seno del organismo, la Dirección General de Competencia, comandada por el comisario Joaquín Almunia, y el Servicio Jurídico, han defendido desde el comienzo de la tramitación la legalidad del RD español.
Otros departamentos comunitarios, sin embargo, se negaban a la convalidación del RD por considerarlo incongruente con los objetivos de reducción de CO2 pactados por la UE.
Al mismo tiempo, la Comisión ha sido objeto de una intensísima campaña de presión por parte de las eléctricas y gasísticas españolas para que no aprobase una norma que les obligará a desplazar otras fuentes de energía (como el gas o el ciclo combinado) en favor del carbón. Ese frente, según las fuentes consultadas, contaba como principal aliado con el comisario de Industria, el italiano Antonio Tajani.
El forcejeo ha retrasado la entrada en vigor de un Real Decreto aprobado el pasado mes de febrero para eliminar los millones de toneladas de carbón excedente acumulados en las explotaciones españolas.
La norma permite alterar el mercado diario de casación de la producción eléctrica para retirar la oferta procedente de ciertas centrales y sustituirla por la de aquellas que utilizan carbón autóctono aunque su precio sea menos competitivo. El Estado compensará a las eléctricas por el posible sobrecoste de esa compra obligatoria.
La Comisión Nacional de la Competencia, presidida por Luis Berenguer, se pronunció en contra de ese régimen por considerar que distorsiona los resultados del mercado de casación, que hasta ahora se basaba "en un orden de mérito económico en función de las ofertas de centrales más competitivas".
El sector y los ecologistas, en contra
El visto bueno comunitario a los incentivos para consumir carbón español fue acogido ayer con disgusto por parte del sector energético y por organizaciones medioambientalistas y con división de opiniones por las comunidades autónomas. "Por un tema social, se está encareciendo el producto y distorsionando el mercado, y sin resolver el problema", señaló en EE UU el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, aseguró que la decisión aboca "a un incremento de la contaminación y a un retraso en la inversión de renovables".Las críticas también llegaron desde la Xunta de Galicia. Su consejero de Economía e Industria tachó de "decepcionante y muy perjudicial" para Galicia la autorización comunitaria. El consejero recordó que las centrales térmicas de la comunidad gallega se han reconvertido para adaptarlas a los objetivos de reducción de emisiones de CO2.El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mostró en cambio su satisfacción por unas ayudas que servirán "para dar tranquilidad al sector" minero.
Compromisos
España se ha comprometido, según la Comisión Europea, a que el consumo obligatorio de carbón para producción eléctrica no supere en ningún caso los objetivos de producción decreciente de ese mineral previstos en el Plan Nacional de Carbón español. El Gobierno también se ha comprometido a compatibilizar el régimen con el futuro reglamento de ayudas.