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En su primera comparecencia judicial desde que el Gobierno federal y los de 18 estados y el Distrito de Columbia demandaron a Microsoft en 1997, Gates argumentó que la querella de los estados que todavía no aceptan un pacto pretende perjudicar gravemente al sistema operativo "Windows".

El Gobierno federal y nueve estados han llegado a un acuerdo que ahora queda sometido a la aprobación de la juez federal Colleen Kollar Kotelli, la misma que hoy escuchó a Gates en el caso que llevan adelante otros nueve estados y el Distrito de Columbia.

Los querellantes sostienen que el acuerdo elaborado con Microsoft deja demasiadas vías de escape y no pone remedio a las prácticas desleales que la firma de Gates ha aplicado durante años para eliminar a sus competidores hasta convertirse en proveedora del sistema operativo que usa el 95 por ciento de los ordenadores en el mundo.

Esos estados quieren que la justicia obligue a Microsoft a divulgar algunos de los programas básicos y la información técnica de cómo funcionan Windows y varias de las aplicaciones más populares que operan sobre ese sistema.

El abogado principal de los querellantes, Carl Shapiro, dijo antes en las audiencias que, si se permitiera el desarrollo de Office -una de las aplicaciones de Microsoft más populares- para los sistemas operativos Linux y Unix, se restablecería una competencia equitativa.

Esto, según Shapiro, no impediría que Microsoft siga siendo el mayor vendedor mundial de programas para oficinas que trabajan con Windows.

Pero, según Gates, las multas y remedios que piden los querellantes "causarían una transferencia masiva de propiedad intelectual de Microsoft a sus competidores".

"La imposición de multas adicionales devaluaría el sistema operativo Windows, reduciría su capacidad para la operación de miles de equipos y programas de computadoras, y frustraría el incentivo para que Microsoft continúe innovando", agregó.

La propuesta de los estados "socava los tres elementos del éxito de Microsoft, causaría un gran daño a Microsoft, a las otras compañías que construyen sobre los fundamentos de los productos de Microsoft, y a las empresas y consumidores que usan programas de ordenadores personales", según Gates.

El centro de la querella es la forma como Microsoft ha presionado a los fabricantes y vendedores de computadoras, y a los fabricantes de programas de ordenadores para que adecúen sus productos a la configuración de Windows, impidiendo así que sus competidores tengan igualdad de oportunidades en el mercado.

Gates dijo hoy que la entrega de parte de la tecnología de Microsoft a sus competidores "para que puedan fabricar 'equivalentes funcionales' de nuestros productos actuales y equiparen todas nuestras innovaciones en los próximos diez años es, de hecho, uno de los objetivos centrales" del plan de los querellantes.

Pero Gates también rechazó la idea de los querellantes de que Microsoft produzca una versión "básica" de Windows sin los enlaces obligatorios con otras aplicaciones de Microsoft, como el controvertido navegador Internet Explorer.

"Si hubiese existido a comienzos de los años 90 el requisito de un Windows modular, sé que no hubiéramos podido desarrollar Windows 95, uno de los programas de computadora más exitosos del mundo", añadió.

Los estados que han rechazado el acuerdo entre Microsoft y el Gobierno federal son Iowa, Utah, Massachusetts, Connecticut, California, Kansas, Florida, Minesota y Virginia Occidental, junto con el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington.