De Barcelona 92 a Barcelona en concurso

Román Sanahuja (Sacresa), Bruno Figueras (Habitat), Josep Lluís Núñez, Genís Marfà (Aisa)... La lista de los empresarios catalanes que se subieron a lomos del boom inmobiliario y que ahora pasan por apuros está repleta de nombres conocidos. Y varios de ellos han acudido a los juzgados, bien para presentar concurso de acreedores para sus compañías, bien para demandar a sus propios compañeros de negocios. Dieciocho años después de las Olimpiadas de Barcelona, la imagen de la ciudad queda tocada por la crisis inmobiliaria y escándalos ligados al sector.

Cuando las cosas pintaban de otro color, cuando parecía que el mercado inmobiliario español no tenía fin, varios de estos empresarios acometieron grandes operaciones asociándose entre sí. La familia Sanahuja, dueña de Sacresa, inició en 2006 una batalla por el control de Metrovacesa contra el anterior presidente de la primera inmobiliaria del país, Joaquín Rivero. Los miles de millones de euros que los Sanahuja requirieron para lograr finalmente el control de Metrovacesa -superaron el 80% del capital, y lo perdieron apenas un año después- se convirtieron en una deuda insostenible que ha terminado por llevar a concurso de acreedores a una de las inmobiliarias reinas del urbanismo de Barcelona del siglo pasado, Sacresa. Y ahora amenaza también la viabilidad de la primera inmobiliaria española, Metrovacesa, que negocia refinanciar más de 6.000 millones de euros de deuda. En esa batalla Sanahuja logró el apoyo de la familia Lara, otro de los nombres ilustres del empresariado catalán.

Mientras que Sanahuja se enfrascaba en la guerra por Metrovacesa, Bruno Figueras, presidente de Habitat, acordaba la compra de la inmobiliaria de Ferrovial, por 2.200 millones de euros. En esa operación Figueras contó con el apoyo del abogado Cuatrecasas y del dueño de Mango, Isak Andic, entre otros. Habitat entró en concurso de acreedores, con más de 2.000 millones de deuda, y los mismos accionistas que apoyaron a Figueras para hacerse con Ferrovial Inmobiliaria le han demandado.

No son los únicos empresarios catalanes que se verán las caras en los juzgados por temas relacionados con el negocio inmobiliario. Una denuncia presentada por Núñez i Navarro, la inmobiliaria del ex presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, en 2007 contra un desarrollo entregado a Sacresa ha provocado un terremoto político en Baleares. El conocido como caso Can Domenge se inició cuando Núñez denunció el concurso de enajenación de Can Domenge, al que había presentado una oferta de 60 millones de euros por el solar, de 52.000 metros cuadrados; sin embargo el Consell de Mallorca se decantó por otra propuesta de una empresa conjunta liderada por Sacresa, que contemplaba la mitad de la inversión propuesta por Núñez, 30 millones.

En el accionariado de otra inmobiliaria catalana, Aisa, hoy Fergo Aisa, cotizada, la relación de algunos de sus accionistas con la justicia es especialmente delicada. El grupo Mestre, pequeño accionista de Aisa, presentó una demanda contra Genís Marfà, ex presidente de la inmobiliaria y hoy su primer accionista, por la aportación de terrenos presuntamente hipervalorados en la ampliación de capital de 2006, que sirvió para que Genís Marfà se hiciera con el control de la compañía. El ex presidente de Aisa presentó el activo con un valor de 620 millones y, posteriormente, se tasó en 32.

Y, colofón, este fin de semana, según informaba la Cadena SER, la policía detenía al propietario de Grupo Mestre, que opera en el puerto de Barcelona, acusado de utilizar presuntamente su empresa para facilitar la entrada de droga en el país, a raíz de que se hallara un contenedor procedente de Argentina con un cargamento que escondía bolsas con 200 kilos de cocaína pura.

Otro de los casos escabrosos relacionados con el negocio inmobiliario de Barcelona ha sido el del Palau de la Música. Fèlix Millet y Jordi Montull. Los dos han sido imputados por tráfico de influencias y apropiación indebida por el proyecto urbanístico del hotel del Palau, con el que según la fiscalía se pretendían embolsar 3,6 millones de euros.

Desde el aire Barcelona parece una ciudad dibujada bajo un plan urbanístico perfecto. A ras de suelo las grietas son evidentes.